En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se realizó este jueves la audiencia de formalización de la investigación en contra del representante legal de la Fundación Hernando de Magallanes, imputado por el delito de fraude de subvenciones.
La indagatoria, encabezada por el Ministerio Público, se centra en la adjudicación de seis convenios directos suscritos entre los años 2021 y 2022 con el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena. El monto total de estos proyectos asciende aproximadamente a $778 millones de pesos. Informo la fiscal Johanna Irribarra.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, la fiscalía ha logrado acreditar irregularidades en al menos dos de estos convenios. Específicamente, se detectó la existencia de un sobreprecio sustancial en la adquisición de materiales.
Si bien aún existen diligencias pendientes para determinar el perjuicio total, las pericias realizadas hasta la fecha confirman un sobreprecio de, al menos, $20 millones de pesos en diversos insumos adquiridos para la ejecución de uno de los programas financiados con recursos públicos.
Tras conocerse los antecedentes, el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía y decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el imputado, quedando con la prohibición de abandonar el país mientras dure el proceso.
Asimismo, se fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación, periodo en el cual se espera cuantificar con exactitud el avalúo total de los sobreprecios y determinar si existen otros implicados en la administración de estos fondos regionales.
