Una compleja y preocupante situación quedó al descubierto tras la triple colisión registrada en la intersección de calles Los Acacios y Manantiales, en Punta Arenas, donde no solo se evidenciaron graves faltas por parte de los conductores involucrados, sino también una cuestionada lentitud en la respuesta para despejar la vía.
Según lo informado, dos de los conductores fueron formalizados en el Centro de Justicia. El accidente involucró a un vehículo Mazda conducido por Bryan Javier Vásquez Díaz y un taxi colectivo Renault manejado por Marcelo Paillán Chodil. Producto del impacto, el Mazda terminó colisionando a un tercer vehículo, un taxi básico.
La investigación liderada por el fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González Morales, reveló antecedentes que han generado alarma. Vásquez fue formalizado por cuasidelito de lesiones menos graves tras no respetar un “Ceda el Paso”, provocando el accidente que dejó a un pasajero lesionado. Sin embargo, lo más grave es que nunca ha obtenido licencia de conducir.
Por su parte, Paillán conducía un taxi colectivo sin licencia profesional y con su licencia clase B vencida, lo que pone en evidencia una peligrosa falta de control y fiscalización en el transporte de pasajeros.
Mientras la causa contra Vásquez continuará en tribunales, Paillán accedió a una salida alternativa que incluye la suspensión de su licencia por seis meses y el pago de 200 mil pesos a una organización benéfica.
No obstante, otro elemento que generó fuerte inquietud fue la tardanza en el retiro de los vehículos involucrados. Según se reportó, hasta las 3 de la madrugada del sábado estos aún permanecían en el lugar del accidente bajo resguardo policial, afectando la circulación y generando riesgo para otros conductores.
Esta situación ha sido interpretada como una señal de la sobrecarga operativa de Carabineros en la ciudad, pero también abre cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta ante emergencias viales de este tipo.
El caso deja en evidencia un doble problema: por un lado, conductores que circulan sin cumplir requisitos básicos, poniendo en riesgo la vida de terceros; y por otro, un sistema que no logra responder con la rapidez necesaria para restablecer la normalidad tras este tipo de hechos, lo que aumenta la sensación de inseguridad entre los vecinos.
