La investigación por el presunto fraude tributario que involucra a la familia Nandwani sumó un nuevo revés para la defensa, luego que el Tribunal Constitucional rechazara, por segunda vez en menos de un mes, un recurso con el que se buscaba detener el avance de la causa penal que lleva adelante la Fiscalía de Punta Arenas.
La resolución significa que la investigación no se suspende y continuará su curso en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde la Fiscalía sigue reuniendo antecedentes sobre los hechos investigados.
La defensa de Laju Nandwani había presentado un nuevo requerimiento ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de impedir que se aplicaran determinadas normas legales en el proceso. Sin embargo, los ministros concluyeron que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios para ser analizada y la declararon inadmisible.
Este es el segundo intento fallido de la defensa. El primero también fue rechazado semanas atrás, aunque en esa oportunidad fue por errores de presentación. En esta ocasión, el tribunal estimó que los argumentos expuestos no tenían un fundamento suficiente para justificar la intervención del organismo.
La causa se originó tras una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que investiga un presunto fraude tributario relacionado con la comercialización de vehículos en la Zona Franca de Punta Arenas.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el organismo, la investigación apunta a determinar si algunos vehículos habrían sido trasladados desde Zona Franca a otras zonas del país mediante un mecanismo que habría permitido evitar el pago de impuestos que correspondían.
En la investigación figura como imputado Laju Nandwani, además de otro integrante de su familia.
Con esta nueva resolución del Tribunal Constitucional, la defensa ya no cuenta con esta vía para intentar paralizar el proceso, por lo que la causa seguirá avanzando en la justicia ordinaria.
De hecho, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas tiene programada una audiencia para las próximas semanas, donde se discutirá la solicitud de la Fiscalía de ampliar el plazo de investigación, con el fin de continuar reuniendo antecedentes antes de definir los siguientes pasos del proceso judicial.
En términos simples, la decisión del Tribunal Constitucional no determina si los imputados son culpables o inocentes, sino que establece que la investigación debe continuar y que será la justicia penal la encargada de esclarecer los hechos.
