Una nueva controversia en materia de seguridad penitenciaria se instaló en Punta Arenas luego de conocerse el traslado al Complejo Penitenciario de la ciudad de Ronald Quiñones Quinteros, ciudadano ecuatoriano que se encuentra en prisión preventiva y que está vinculado, según antecedentes publicados por medios nacionales, a una investigación por una organización de sicarios que operaba en el Gran Concepción.
La situación ha generado cuestionamientos debido a que Gendarmería habría advertido que el recinto penitenciario de Punta Arenas no cuenta con dependencias de máxima seguridad para internos de estas características. El caso ya había sido advertido públicamente antes de concretarse el traslado y también provocó reparos del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y del alcalde Claudio Radonich.
Quiñones permanece en prisión preventiva desde julio de 2025 y es investigado por delitos que incluyen homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas, de acuerdo con antecedentes difundidos por BioBioChile.
La preocupación también fue planteada por el concejal de Punta Arenas Germán Flores, quien cuestionó que un interno de este perfil sea destinado a un recinto que, según se ha informado, no dispone de infraestructura de máxima seguridad.
“¿Quién asumirá las consecuencias si esta decisión genera un problema de seguridad?”, plantea el concejal en una publicación difundida tras conocerse el traslado.
Flores sostuvo que la llegada de internos de alta peligrosidad debe ser evaluada considerando las capacidades reales del sistema penitenciario regional y los eventuales riesgos para funcionarios de Gendarmería y la población penal.
La controversia se suma a los reparos expresados previamente por autoridades regionales y nacionales. El ministro Martín Arrau señaló que la decisión judicial de trasladar al imputado desde Rancagua a Punta Arenas se adoptó pese a los informes de Gendarmería sobre las condiciones del recinto de destino.
En tanto, el alcalde Claudio Radonich solicitó al Ministerio de Justicia adoptar las medidas administrativas y jurídicas necesarias para revisar la decisión, argumentando que cualquier traslado de un interno de alta peligrosidad debe estar precedido por una evaluación técnica respecto de las condiciones de seguridad del establecimiento.
El caso mantiene abierto el debate sobre los criterios utilizados para definir los traslados penitenciarios y el equilibrio entre las decisiones judiciales y las evaluaciones técnicas de Gendarmería, especialmente cuando se trata de recintos ubicados en regiones extremas.
Cabe señalar que las acusaciones contra Quiñones corresponden a una investigación en curso y, por tanto, su situación debe entenderse bajo el principio de presunción de inocencia.
