Un fuerte llamado a resguardar el rol social del Estado y a evitar decisiones que afecten a las personas más vulnerables realizaron los senadores Karim Bianchi y Carlos Bianchi, quienes manifestaron su preocupación ante eventuales recortes presupuestarios y la forma en que estos se estarían impulsando desde el nivel central.
Ambos parlamentarios coincidieron en que las medidas anunciadas que incluirían reducciones de hasta un 15% en áreas sensibles como la educación podrían traducirse en menos apoyo, menos oportunidades y un aumento de la desigualdad, afectando directamente a miles de familias.
“Cuando uno tiene un rol social que cumplir, no puede ser un miserable. Las personas no son una planilla Excel que se puede ajustar desde un escritorio”, señaló Karim Bianchi, enfatizando que detrás de cada decisión presupuestaria hay niños, familias y realidades que requieren respaldo del Estado, especialmente en tiempos difíciles.
En la misma línea, el senador advirtió que el Estado debe cumplir un papel activo en la protección social, subrayando que este tipo de medidas no responden solo a criterios técnicos, sino que constituyen decisiones políticas que deben ser evaluadas con responsabilidad y ética.
Por su parte, Carlos Bianchi criticó la forma en que el Ministerio de Hacienda habría instruido estos ajustes, calificando como “inaceptable” la emisión de oficios dirigidos a ministerios, subsecretarías y regiones para aplicar recortes antes de un debate legislativo.
“Esto no es una dictadura económica. Tiene que haber diálogo con el Congreso, porque somos colegisladores”, afirmó, anunciando que junto a la bancada PPD e independientes solicitarán una sesión especial para que la autoridad económica rinda cuentas ante el país y el Parlamento.
Ambos senadores hicieron un llamado a poner en el centro de la discusión a las personas, especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades, insistiendo en que cualquier ajuste fiscal debe considerar el impacto real en la vida cotidiana de la ciudadanía.
El debate, que comienza a instalarse con fuerza en el escenario político, abre interrogantes sobre el equilibrio entre responsabilidad fiscal y protección social, en un contexto donde las decisiones económicas tienen efectos directos en la calidad de vida de las familias.
