Una nueva vivienda social fue recuperada este jueves por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Punta Arenas, como parte del Plan Integral de Fiscalización que desarrolla en la región de Magallanes para asegurar el correcto uso de los beneficios habitacionales y garantizar que estos lleguen a las familias que realmente los necesitan.
El procedimiento se llevó a cabo en el conjunto habitacional Monte Tarn, donde la persona que ocupaba irregularmente el inmueble realizó la entrega voluntaria de las llaves, permitiendo recuperar la vivienda sin necesidad de efectuar un desalojo con apoyo de la fuerza pública. Posteriormente, y con resguardo de Carabineros de Chile, se realizó el cambio de chapas y la restitución material de la propiedad.
El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, explicó que esta acción forma parte del trabajo permanente que desarrolla el Minvu, a través del Serviu Magallanes, para fiscalizar el uso de las viviendas sociales y fortalecer la transparencia de los programas habitacionales.
«Este trabajo forma parte del Plan Integral de Fiscalización que impulsa el Minvu a través de Serviu Magallanes, cuyo objetivo es verificar el correcto uso de las viviendas sociales y asegurar que sean ocupadas por familias que tengan una real necesidad habitacional. Con esta intervención ya sumamos cinco inmuebles recuperados, además de 2.470 fiscalizaciones realizadas, 552 casos en seguimiento y 22 procedimientos iniciados. Nuestro propósito es resguardar estos beneficios para que lleguen a quienes realmente los necesitan», afirmó la autoridad.
Guajardo destacó además que la recuperación de estas viviendas permite reincorporarlas al sistema público para ser asignadas a familias que cumplen con los requisitos establecidos, fortaleciendo así la política habitacional en la región.
El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Magallanes, Omar González Asenjo, señaló que el Plan Integral de Fiscalización contempla controles permanentes para detectar ocupaciones irregulares, viviendas arrendadas o cedidas, además de inconsistencias en los antecedentes presentados por los beneficiarios al momento de postular.
«Nuestro equipo detecta casos donde existe ocupación irregular, viviendas arrendadas o cedidas y también situaciones en que las declaraciones presentadas al momento de postular contienen inconsistencias que pueden derivar en un procedimiento administrativo y eventualmente en la caducidad del subsidio. En este caso notificamos a las personas que ocupaban el inmueble y, afortunadamente, hicieron entrega voluntaria de la vivienda», indicó.
El directivo agregó que estos procedimientos se desarrollan respetando todas las garantías administrativas y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, la Seremi de Seguridad Pública y Carabineros de Chile.
«Cada vivienda social recuperada representa una oportunidad para una familia que espera acceder a una solución habitacional. Nuestro compromiso es resguardar el correcto uso de estos beneficios», sostuvo.
Durante el operativo, personal de Carabineros brindó apoyo preventivo para garantizar el desarrollo seguro del procedimiento. El subcomisario de los Servicios de la Primera Comisaría de Punta Arenas, capitán Michael Daza Romero, informó que la recuperación se realizó de manera completamente pacífica.
«Al mantenerse la llave del domicilio no fue necesario el uso de la fuerza. Solo se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes para ingresar al inmueble sin causar daños ni perturbar a los vecinos. Fue una recuperación pacífica y sin generar molestias a los vecinos», señaló el oficial.
Desde la puesta en marcha del Plan Integral de Fiscalización, Serviu Magallanes ha inspeccionado 2.470 viviendas sociales, mantiene 552 casos en seguimiento e inició 22 procedimientos administrativos. Con la recuperación concretada este jueves, ya son cinco los inmuebles reincorporados al sistema habitacional, tres de ellos mediante la entrega voluntaria de llaves.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo indicó que estas acciones buscan proteger el patrimonio público y asegurar que las viviendas sociales cumplan el objetivo para el cual fueron construidas: entregar una solución habitacional a las familias que más lo necesitan.
