El Ministerio Público investiga el ingreso de dos teléfonos celulares al recinto penitenciario de Punta Arenas, hecho que involucra a una funcionaria de la Defensoría Penal Pública y a un interno del penal, cuyas declaraciones presentan versiones contrapuestas respecto de lo ocurrido.
Según los antecedentes entregados durante la audiencia, el hecho quedó al descubierto durante la tarde del día de ayer, cuando personal de Gendarmería detectó que una funcionaria vinculada al área penitenciaria de la Defensoría Penal Pública intentaba ingresar al recinto portando dos celulares ocultos entre sus pertenencias.
Tras ser sorprendida, la mujer prestó declaración durante la tarde-noche, señalando que habría actuado bajo amenazas y amedrentamiento por parte de un interno del penal, razón por la cual accedió a ingresar los dispositivos móviles.
Posteriormente, durante diligencias desarrolladas al interior del recinto penitenciario, se logró ubicar a un interno que mantenía un teléfono celular en su poder. El sujeto también declaró ante las autoridades, entregando una versión distinta de los hechos.
De acuerdo con su testimonio, el interno aseguró que habría pagado dinero a la funcionaria para concretar el ingreso de los celulares al penal.
A raíz de estos nuevos antecedentes, la Fiscalía solicitó la ampliación de la detención con el objetivo de realizar diligencias investigativas y peritajes a los teléfonos incautados, buscando esclarecer la veracidad de las declaraciones entregadas por ambas partes.
La solicitud fue acogida por el tribunal, decretándose la ampliación de la detención hasta mañana a las 10:30 horas, plazo en el que se continuará desarrollando el análisis criminalístico de los dispositivos y otras diligencias relacionadas con la causa.
