Un verdadero remezón político e institucional provocó este lunes la detención del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para el control de detención, en el marco de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público por un presunto delito de índole sexual.
La exautoridad fue detenida durante la tarde del sabado y, tras comparecer ante el tribunal, la Fiscalía solicitó la ampliación de su detención hasta la mañana del martes, argumentando que aún existen diligencias investigativas y peritajes pendientes para establecer la dinámica de los hechos.
La audiencia comenzó con una solicitud de la fiscal Johana Irribarra para que se desarrollara sin público ni prensa, con el objetivo de resguardar la identidad y los derechos de la presunta víctima. Paralelamente, el abogado defensor Juan Carlos Rebolledo pidió que no se difundiera la imagen ni los datos personales de su representado.
Sin embargo, el juez Ignacio Low rechazó ambas solicitudes, señalando que no existían antecedentes suficientes para decretar la reserva total de la audiencia. No obstante, ordenó mantener bajo estricta reserva cualquier información que permita identificar a la víctima y prohibió difundir la dinámica de los hechos expuestos durante la audiencia.
Al término de la audiencia, la fiscal Johana Irribarra explicó que la ampliación de la detención responde a la necesidad de continuar con diversas diligencias investigativas.
«Se llevó a audiencia de control de detención respecto de una investigación en curso por un delito cometido en flagrancia, que tiene que ver con un delito de índole sexual. Solicitamos la ampliación de la detención ya que nos encontramos realizando diversas diligencias para establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos y algunos peritajes que aún están pendientes.»
Consultada sobre el delito específico que se investiga, la persecutora evitó entregar mayores antecedentes.
«Solo puedo señalar que se trata de un delito de índole sexual. El tribunal prohibió revelar la dinámica de los hechos y cualquier antecedente que permita identificar a la víctima.»
Asimismo, confirmó que la víctima ya prestó declaración y recordó que existe una solicitud de reserva de la causa, razón por la cual el Ministerio Público no entregará mayores detalles hasta la próxima audiencia.
Una versión completamente distinta entregó el abogado defensor Juan Carlos Rebolledo, quien afirmó que su representado niega haber cometido delito alguno.
«Él niega una situación delictual. Está muy preocupado porque está siendo imputado por un hecho que no corresponde a un delito. Es un hecho de su vida privada que se estaba realizando de forma consentida y el problema surgió por un tema de dinero.»
El defensor confirmó además que existía una relación previa entre ambas personas.
«Como señaló el propio Ministerio Público, se trata de una persona que presta servicios sexuales a cambio de una suma de dinero. Eso es efectivo.»
Respecto de la hipótesis investigativa relacionada con un eventual consumo de alcohol o medicamentos, Rebolledo aseguró que su cliente descarta haber suministrado sustancias contra la voluntad de la otra persona.
«Mi representado niega haber proporcionado algún tipo de medicamento o alcohol que la otra persona no hubiera querido consumir.»
El abogado también abordó la salida de Barrientos del cargo de seremi de Salud, señalando que, si bien comprende que el nombramiento depende de la autoridad política, lamentó la ausencia de contacto por parte del Ejecutivo.
«Nadie se acercó a hablar con él. Nadie le pidió formalmente la renuncia. Él entiende que el cargo depende de una autoridad superior, pero le preocupa el aspecto humano, el acompañamiento y la solidaridad de quienes formaban parte del mismo equipo.»
Tras conocerse la detención, el Gobierno confirmó que solicitó la salida inmediata de Barrientos de la Seremi de Salud.
La delegada presidencial regional, Ericka Farías, sostuvo que la decisión se adoptó apenas se tomó conocimiento de la investigación.
«Estamos muy consternados por esta denuncia que está siendo investigada por el Ministerio Público. Hemos solicitado inmediatamente su salida porque creemos que las instituciones deben continuar funcionando y la investigación debe desarrollarse con total independencia.»
La autoridad reiteró que, debido a la reserva decretada por la Fiscalía, el Ejecutivo no entregará antecedentes sobre el contenido de la investigación.
Mientras tanto, la subrogancia de la Seremi de Salud quedó a cargo de Eduardo Castillo, de acuerdo con el decreto de subrogación vigente.
La audiencia continuará durante la mañana del martes, instancia en la que la Fiscalía deberá formalizar la investigación y solicitar las medidas cautelares que estime pertinentes, mientras el caso sigue generando un fuerte impacto en la opinión pública y en el ámbito político regional.
