La parlamentaria criticó que las definiciones sobre la conservación de la pista del Teniente Julio Gallardo no hayan considerado suficientemente las propuestas del sector productivo de Última Esperanza y pidió al Gobierno implementar medidas de mitigación para enfrentar los efectos económicos y sociales de los trabajos.
La diputada por Magallanes, Javiera Morales, manifestó su preocupación luego de que la Dirección Nacional de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) resolviera mantener el calendario previsto para la conservación mayor de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, descartando la última propuesta presentada por el Bloque Productivo de Última Esperanza.
La parlamentaria aclaró que el cuestionamiento no apunta a la necesidad de ejecutar obras para garantizar la seguridad de la infraestructura aeroportuaria, sino a la forma en que se ha desarrollado el proceso y a la falta de medidas concretas para enfrentar los efectos que los trabajos podrían generar durante la temporada turística.
“Nadie está cuestionando que la infraestructura aeroportuaria debe mantenerse en condiciones seguras. Lo que estamos cuestionando es que se haya llegado a este punto con decisiones inconsultas, con compromisos incumplidos respecto de la información técnica y sin una estrategia clara para mitigar los impactos que la propia decisión del Gobierno tendrá sobre Última Esperanza”, afirmó Morales.
La diputada sostuvo que el conflicto ya no se limita al calendario de ejecución de las obras, sino que también involucra la manera en que el MOP y la Delegación Presidencial han llevado adelante el proceso de diálogo con los actores locales.
Según Morales, las observaciones planteadas por gremios, trabajadores, empresas turísticas y autoridades de la provincia no habrían tenido una incidencia suficiente en la decisión final, pese a las distintas instancias de conversación desarrolladas durante las últimas semanas.
La legisladora recordó que la mesa de trabajo entre el Gobierno y el sector productivo surgió a partir de gestiones impulsadas por los gremios de Última Esperanza y su equipo parlamentario, con el objetivo de buscar alternativas que permitieran compatibilizar la ejecución de las obras con el desarrollo de la temporada turística.
Sin embargo, aseguró que algunos de los compromisos asumidos en dicha instancia no se habrían concretado.
Entre ellos mencionó la entrega de antecedentes técnicos detallados que permitieran comprender los fundamentos de la decisión y evaluar las alternativas propuestas. A juicio de la parlamentaria, la información recibida se limitó a una minuta que no respondió completamente a las solicitudes realizadas.
También señaló que en dos oportunidades se solicitó un estudio de impacto económico asociado al cierre y las restricciones operacionales del aeródromo, junto con medidas de mitigación, antecedentes que —según indicó— aún no habrían sido entregados.
“Los gremios participaron de buena fe en este proceso porque existía el compromiso de transparentar los antecedentes técnicos que justificaban las obras y las razones para descartar otras opciones. Esa información nunca llegó con el nivel de detalle que se solicitó, y eso naturalmente genera frustración y desconfianza”, sostuvo.
Morales agregó que la participación de los actores locales debe tener un efecto concreto en las decisiones.
“Cuando se convoca al territorio a participar, esa participación debe ser real. Escuchar no puede significar solamente informar una decisión que ya está tomada. Lo que hemos visto es que las propuestas levantadas desde Última Esperanza no tuvieron una incidencia efectiva en la resolución final”, afirmó.
La diputada planteó que una de las principales preocupaciones actualmente es la falta de un plan definido para enfrentar los efectos que la ejecución de los trabajos podría provocar sobre la actividad turística, el empleo y la conectividad de la provincia.
“Se habló de medidas de mitigación para proteger la actividad turística, la conectividad y el empleo. Sin embargo, hoy la decisión ya está tomada y todavía no existe un plan claro por parte del Gobierno. No conocemos medidas concretas, plazos ni apoyos para los sectores que podrían verse afectados por esta situación”, señaló.
Finalmente, Morales llamó al Ejecutivo a entregar certezas a los habitantes y sectores productivos de Última Esperanza, particularmente considerando que las obras se desarrollarán durante meses de alta actividad turística.
“La provincia merece certezas cuando la conectividad aérea es un pilar de transporte para la región. Los gremios participaron, hicieron propuestas y buscaron acuerdos. Ahora corresponde que el Gobierno responda con la misma seriedad, cumpla los compromisos pendientes y presente un plan robusto de mitigación que permita enfrentar los efectos que estas obras tendrán sobre la conectividad, el empleo y la actividad turística de Natales”, concluyó.
