La Contraloría General de la República detectó infracciones al principio de probidad administrativa por parte de la exdirectora regional de Vialidad de Magallanes, Valeria Oyarzo, debido a su intervención en contratos de conservación vial pese a la existencia de circunstancias que podían comprometer su imparcialidad.
De acuerdo con los antecedentes entregados, durante 2024 Oyarzo autorizó una modificación contractual por más de $264 millones, más IVA, relacionada con obras de conservación vial. En ese contexto, el organismo fiscalizador constató que vehículos utilizados para la instalación de 1.323 metros de barreras metálicas de contención certificadas estaban vinculados a su cónyuge, Juan Bendek.
La situación fue considerada por Contraloría al analizar eventuales conflictos de interés en la participación de la entonces directora regional en procesos contractuales de la Dirección de Vialidad.
La fiscalización también detectó observaciones relacionadas con la segunda etapa del camino Hollemberg–Río Pérez, donde Oyarzo intervino en resoluciones vinculadas con la recepción y fiscalización de las obras.
El proyecto Hollemberg–Río Pérez corresponde a una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas destinada a generar una conexión alternativa a la Ruta 9 entre las provincias de Última Esperanza y Magallanes. En 2024, el MOP informó que las obras presentaban un 99% de avance.
Además, registros públicos confirman que Valeria Oyarzo ejercía como directora regional de Vialidad de Magallanes durante ese período.
Actualmente, Oyarzo se desempeña en otra repartición del Ministerio de Obras Públicas en la región.
Las conclusiones de Contraloría apuntan a que la exdirectora debió abstenerse de intervenir en determinadas actuaciones administrativas debido a las circunstancias que podían afectar su imparcialidad, configurándose infracciones al principio de probidad administrativa.
