En declaración pública los ocho concejales de la comuna de Punta Arenas manifiestan públicamente su rechazo al eventual traslado a nuestra ciudad de un interno de alta peligrosidad, y solicitamos a los organismos competentes reconsiderar esta decisión.
Nuestra posición no responde a intereses políticos ni partidistas. Nuestra primera responsabilidad es con la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Punta Arenas y de toda la Región de Magallanes.
No cuestionamos que las personas privadas de libertad deban cumplir sus condenas o medidas cautelares en recintos que correspondan. Lo que cuestionamos es la decisión de trasladar a un interno de estas características a una región que, por su condición geográfica y estratégica, requiere de criterios especiales de seguridad penitenciaria.
Germàn Flores concejal de la comuna dice que lo advirtió 10 días atrás pero no causo el efecto que hoy el ministro Martín Arrau en sus declaraciones habla que este traslado “pone en serio riesgo la seguridad penitenciaria”
Hasta ahora, seguimos sin recibir respuestas suficientemente claras respecto de:
¿Cuál es la evaluación de riesgo que fundamenta este traslado?
¿Por qué Punta Arenas fue escogida para recibir a este interno?
¿Qué antecedentes de inteligencia penitenciaria y policial fueron considerados?
¿Qué medidas extraordinarias se implementarán para impedir que pueda mantener vínculos con organizaciones criminales desde nuestra región?
¿Cuenta el Complejo Penitenciario de Punta Arenas con las condiciones y recursos necesarios para enfrentar un interno de este nivel de peligrosidad?
¿Qué garantías existen para nuestros funcionarios de Gendarmería y para la seguridad de la comunidad?
Estas preguntas no son antojadizas. Son preguntas legítimas que hemos planteado en representación de nuestros vecinos y que requieren respuestas concretas, transparentes y públicas.
Además, resulta preocupante que la información sobre este traslado haya estado rodeada de incertidumbre y falta de claridad. Se ha informado que el operativo originalmente programado fue suspendido o postergado, sin que exista claridad pública suficiente respecto de si la medida fue definitivamente descartada o continúa en evaluación.
Por eso, los ocho concejales de Punta Arenas hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades penitenciarias a escuchar a nuestra comunidad y a reconsiderar este traslado.
Magallanes no puede transformarse en un lugar de destino para internos de máxima peligrosidad sin una evaluación transparente, rigurosa y acorde con las particulares condiciones de nuestra región.
