Un conjunto articulado de 20 gremios productivos de la Provincia de Última Esperanza encabezados por su vocera Adriana Aguilar junto a Pablo Ampuero,manifestaron su profunda preocupación ante la eventual ejecución de obras de mejoramiento en la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales programadas para la alta temporada estival.
Adriana Aguilar en “tribuna Magallánica” manifestó que son gremios, que abarcan desde el turismo, comercio y hotelería hasta el transporte, la agricultura y la salmonicultura, enfatizaron que si bien respaldan de manera categórica la inversión pública y el desarrollo de infraestructura vial y aérea, la fecha proyectada para estos trabajos pone en riesgo la economía local y la imagen del destino.
Durante su intervención Adriana Aguilar Lagos, gerenta de la Cámara de Turismo de Puerto Natales, alertó sobre la falta de transparencia y sociabilización de los informes técnicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y del MOP por parte de las autoridades regionales.
Asimismo, la dirigenta advirtió que la desviación o cancelación de vuelos directos afectaría la toma de decisiones de los viajeros internacionales, favoreciendo a destinos vecinos en la Patagonia argentina (como El Calafate u Ushuaia) que han fortalecido su conectividad aérea directa.
Ante esta contingencia, el bloque productivo solicitó la urgente conformación de una mesa público-privada que sume a parlamentarios, autoridades locales y al Ministerio de Obras Públicas para acordar alternativas viables, entre las que proponen:
Reprogramación del calendario de obras: Trasladar los trabajos a periodos de menor flujo turístico (otoño o primavera).Planes de ejecución nocturna o parcial: Aplicar metodologías de trabajo que permitan mantener la operatividad de la pista durante las horas de mayor demanda diurna. Plan de bacheo y mantención inmediata: Disponer de equipos permanentes de reparación para resguardar la seguridad operacional del aeródromo de forma preventiva antes del inicio de la alta temporada.
Los gremios recordaron que el turismo actual en la provincia moviliza cerca de 400 mil visitantes anuales —a diferencia de hace una década—, por lo que una decisión centralizada desde Santiago impacta no solo a los operadores turísticos que vendieron sus paquetes con años de anticipación, sino también a taxistas, camioneros, comerciantes y trabajadores locales.
«Esperamos que el MOP y el nivel central tomen conciencia de la realidad territorial de Última Esperanza. Se necesita diálogo con información precisa para proteger la inversión, el empleo y la conectividad de toda la Región de Magallanes», concluyó la vocera.
