Tras el anuncio de un aumento transitorio en las tarifas de conectividad marítima hacia Tierra del Fuego por parte de la empresa Tabsa, autoridades regionales y provinciales iniciaron gestiones para reducir su impacto en la comunidad, en medio del alza internacional del precio del diésel.
La delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías, señaló que como Gobierno “hemos buscado soluciones para mitigar en algunos aspectos esta alza”, indicando que se están evaluando apoyos dirigidos a personas que deben trasladarse por razones médicas, laborales o familiares, con especial foco en territorios aislados.
En la misma línea, la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, enfatizó que el principal objetivo ha sido resguardar a la comunidad fueguina. “Los subsidios se mantienen y los estamos ampliando”, afirmó, agregando que se trabaja en fortalecer la red de protección social mediante nuevos apoyos complementarios.
La autoridad también destacó el rol de la comunidad en el desarrollo de la empresa, señalando que “la comunidad fueguina ha sido parte importante de su crecimiento”, por lo que apeló a que exista compromiso y empatía en este tipo de decisiones, especialmente en contextos complejos.
Desde Tabsa, el gerente general Cristóbal Kulczewski explicó que el alza —que alcanza un 21% en promedio— responde al sostenido incremento en el precio del combustible, que ha llegado a subir cerca de un 90% en las últimas semanas. “Es una medida que no quisiéramos tomar”, sostuvo, precisando que se trata de un ajuste transitorio sujeto a la evolución del diésel.
Entre las medidas anunciadas, se contempla la mantención de los convenios vigentes para distintos grupos, el congelamiento de tarifas para adultos mayores de Porvenir y la implementación de un viaje gratuito mensual para personas con discapacidad acreditada. Asimismo, continuarán los beneficios asociados al transporte regional.
A estas iniciativas se suman apoyos definidos a nivel central, como subsidios para taxis, buses escolares y embarcaciones menores, con el fin de amortiguar el impacto del alza en la población.
Finalmente, las autoridades aseguraron que el Gobierno mantendrá un monitoreo constante del comportamiento de los combustibles, recalcando que cualquier eventual baja en sus precios deberá reflejarse proporcionalmente en las tarifas. Todo esto, con el objetivo de garantizar la conectividad como un derecho esencial para los habitantes de Tierra del Fuego.
