Una decisión que impacta directamente a la comunidad de Punta Arenas fue adoptada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), luego que el ministro Iván Poduje instruyera el desistimiento del proceso de expropiación del Club Hípico de la ciudad, iniciativa que buscaba transformar el terreno en un parque urbano.
El proyecto, impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, contemplaba convertir el recinto en un espacio público de áreas verdes, en el marco del Plan Ciudades Justas y del Plan de Emergencia Habitacional. La propuesta apuntaba a generar un nuevo pulmón verde para la capital regional, considerando la necesidad de espacios recreativos y urbanos para los habitantes.
Sin embargo, el proceso enfrentó complicaciones económicas. Inicialmente, se había fijado una indemnización cercana a los 22,7 millones de dólares, pero los propietarios del terreno elevaron sus pretensiones a más de 53,8 millones de dólares, lo que generó un conflicto judicial en curso.
Desde el Ejecutivo se argumentó que el alto costo de la expropiación no es compatible con las actuales restricciones presupuestarias del Estado. Esto, en el contexto del denominado Plan de Ajuste Fiscal, que busca reducir el gasto público y priorizar recursos en distintas áreas.
Según lo informado, el pago de una indemnización de esa magnitud implicaría un desembolso significativo que no se ajusta a las limitaciones fiscales vigentes. Por esta razón, se decidió frenar el proceso antes de que se concrete el pago definitivo, pese a que ya existían avances administrativos y judiciales.
Para la ciudadanía de Punta Arenas, la decisión implica que, por ahora, se descarta la creación de este parque urbano en uno de los terrenos más amplios disponibles dentro de la ciudad. Asimismo, se abre la incertidumbre respecto del futuro uso del recinto, que continúa siendo de propiedad privada.
Desde el ámbito legal, expertos han señalado que el desistimiento no significa necesariamente el cierre total del caso, ya que existen etapas judiciales en curso, incluyendo la consignación de montos provisionales en tribunales.
En tanto, desde el sector propietario del Club Hípico han defendido su postura, argumentando que la indemnización debe reflejar el valor real del terreno y el impacto patrimonial de la expropiación.
La medida ha generado diversas reacciones en la comunidad local, donde el proyecto era visto por algunos como una oportunidad para mejorar la calidad de vida urbana, mientras que otros cuestionaban el alto costo fiscal en el actual escenario económico del país.
Por ahora, el futuro del terreno queda en suspenso, en una decisión que refleja las tensiones entre desarrollo urbano, recursos públicos y prioridades gubernamentales.
