Alicia Aguilante , presidenta del colegio regional de profesores en el matinal “Conjugando La Mañana”, califico como una grave vulneración de sus derechos fundamentales tras el reciente retraso en el pago de cotizaciones previsionales y convenios comerciales, repitiendo los mismos vicios que motivaron el fin de la gestión de las corporaciones municipales.
A pesar de las promesas de modernización y garantía de pagos tras el traspaso al Estado, los funcionarios denuncian que se han generado lagunas previsionales y bloqueos en créditos de cajas de compensación (Los Andes, Copeuch) y otros convenios como los que tienen con parque Cruz de Froward, afectando directamente la estabilidad financiera de cientos de familias en la región.
Aguilante dice que el traspaso se hizo bajo la promesa de que nunca más viviríamos lo que pasamos con la corporación municipal. Hoy, el Estado está faltando a su palabra», señalan los afectados. Los pagos solo se habrían regularizado parcialmente tras la intervención de oficio del diputado Carlos Bianchi y presión gremial.
Los trabajadores cuestionan que, mientras se retrasan las cotizaciones de quienes están en el aula, existen directivos y funcionarios bajo sumarios administrativos que se extienden por más de un año, percibiendo sueldos superiores a los 4 millones de pesos sin cumplir funciones.
Denuncian una «burocracia asfixiante» que impide la resolución de casos de maltrato y agobio laboral. La implementación de la Ley Karin se percibe como un trámite lento que no entrega soluciones reales ni oportunas.
La situación se agrava en localidades como Puerto Natales, donde persisten deudas por horas diferenciales que no han sido canceladas desde inicios del año pasado.
Los trabajadores señalan que el «peloteo» de responsabilidades entre el Ministerio de Educación y la dirección ejecutiva del SLEP es inaceptable. «No permitiremos que se nos exija cumplir deberes al pie de la letra mientras el empleador vulnera nuestros derechos básicos. Los recursos deben llegar a la sala de clases y no perderse en una estructura administrativa hipertrofiada», declararon voceros del sector.
La comunidad educativa se mantiene en estado de alerta y no descarta movilizaciones de cara al año escolar si no se garantiza la regularización total de las lagunas previsionales y una limpieza en la gestión administrativa que priorice la dignidad docente y de los asistentes de la educación.
