El Tribunal dictó un fallo condenatorio tras un juicio de tres días. El condenado habría contactado a la víctima a través de redes sociales y la habría inducido a realizar transferencias bajo el supuesto de una inversión en criptomonedas que finalmente no existía.
Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue condenado como autor del delito de estafa, luego de que la investigación acreditara su participación en una falsa inversión en criptomonedas que provocó a una víctima un perjuicio económico cercano a los 20 millones de pesos.
Los hechos se remontan a 2024, cuando la víctima denunció haber sido engañada para invertir sus recursos en una supuesta modalidad de inversión financiera vinculada al mercado de las criptomonedas.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el proceso judicial, el contacto se habría iniciado a través de redes sociales, donde la afectada habría establecido comunicación con una persona que se presentaba como ciudadano de origen chino y que posteriormente la habría incentivado a realizar las inversiones a través del ahora condenado.
La Fiscalía logró establecer durante el juicio que aquella identidad correspondería en realidad al ciudadano venezolano condenado, quien habría utilizado esta modalidad para generar confianza en la víctima y posteriormente recibir directamente los recursos.
El juicio oral se extendió durante tres días, tras lo cual el tribunal emitió un fallo condenatorio por el delito de estafa en la modalidad de falsa inversión en criptomonedas.
Uno de los elementos considerados durante el proceso fue que los recursos entregados por la víctima fueron depositados directamente en cuentas corrientes vinculadas al acusado, sin que se acreditara la existencia de una inversión real en criptomonedas.
Según los antecedentes expuestos en el juicio, tampoco se logró acreditar la existencia de operaciones propias de una inversión legítima en activos digitales ni que los fondos fueran efectivamente destinados al mercado de las criptomonedas.
La acusación sostuvo que el supuesto mecanismo de inversión presentado a la víctima no correspondía a una operación real, pese a que se le habría hecho creer que estaba adquiriendo activos digitales.
En ese contexto, la defensa de la acusación explicó que las operaciones legítimas con criptomonedas requieren mecanismos y plataformas que permitan realizar la adquisición y administración de estos activos digitales, situación que no se acreditó en este caso.
Finalmente, el tribunal estableció la responsabilidad penal del acusado y le impuso una pena de 300 días, además de una multa.
El caso constituye una nueva alerta respecto de las modalidades de estafa que utilizan las redes sociales y las supuestas inversiones en activos digitales para captar víctimas, especialmente mediante promesas de rentabilidad y plataformas que aparentan desarrollar operaciones financieras que finalmente no existen.
