El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó duras condenas en contra de los integrantes de una organización dedicada al contrabando de cigarrillos y lavado de activos en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, ilícitos cometidos entre los años 2018 y 2023.
En fallo unánime (causa rol 113-2025), el tribunal condenó a Jessica Karina Ojeda Nahuelneri a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, además del pago de una multa de 20 millones de pesos, como autora del delito reiterado de contrabando. Asimismo, deberá cumplir 3 años y un día de presidio por lavado de activos y 818 días por asociación ilícita, sumando además diversas inhabilidades para ejercer cargos públicos y derechos políticos.
En la misma causa, Yohel Alejandro Leal Rojas fue sentenciado a 7 años y 183 días de presidio y al pago de una multa de 15 millones de pesos por contrabando reiterado, cometido entre junio y noviembre de 2023. Además, deberá cumplir 3 años y un día por lavado de activos y 818 días por asociación ilícita, junto con las respectivas inhabilitaciones legales.
El tribunal también condenó a otros nueve acusados —Edward Enrique Valvuena Vera, Fernando José Méndez Domínguez, Yamil Alberto Bohórquez Durán, Israel de Jesús Díaz Moreno, Hugo Adalberto Olmedo Rolón, Aníbal Olmedo Rolón, Emigdio Colman Mencia, Jesús Ramón Aguilera Cuenca y Víctor Julián Villalba Gómez— a penas de 3 años y un día de reclusión por lavado de activos, con el beneficio de la remisión condicional. Estas sanciones quedaron sujetas al cumplimiento de planes de intervención elaborados por el Área de Reinserción Social de Gendarmería.
El mismo grupo, junto a Juan Manuel Villar, recibió además penas de 541 y 61 días de reclusión por contrabando y asociación ilícita, también con el beneficio de remisión condicional, además del pago de multas.
En tanto, Óscar Isaías Oyarzún Barría fue condenado a 3 años y un día por contrabando reiterado, con multa de dos millones de pesos, y 61 días por asociación ilícita. Bárbara Alejandra Miranda Villegas recibió penas que incluyen 3 años y un día por lavado de activos, 541 días por contrabando y 61 días por asociación ilícita, junto con las respectivas multas. Rosario Irene Muñoz Velásquez fue condenada a 818 días de reclusión, con remisión condicional, como cómplice del delito de lavado de activos.
El tribunal dio por acreditado que entre 2018 y 2023 los condenados coordinaron el ingreso de al menos 15 cargamentos de cigarrillos desde Argentina hacia Magallanes. La mercancía era comercializada a menor precio a través de vendedores ambulantes y comercios informales en la región.
Las ganancias obtenidas fueron posteriormente utilizadas para la adquisición de bienes, configurándose el delito de lavado de activos.
En la sentencia también se ordenó el comiso y destrucción de los cigarrillos incautados, además del decomiso de vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo utilizados en la operación.
Con este fallo, el tribunal dio por desarticulada una de las redes de contrabando más relevantes detectadas en la región en los últimos años.
