Ronald Eduardo Quiñones Quintero, de 28 años, fue trasladado desde el penal de Rancagua hasta Punta Arenas. El imputado permanece en prisión preventiva y es investigado en una causa vinculada a una organización acusada de cometer homicidios por encargo en el Gran Concepción.
Un operativo de Gendarmería permitió concretar el traslado hasta Punta Arenas de Ronald Eduardo Quiñones Quintero, interno considerado de alta peligrosidad y quien se encontraba recluido en el Complejo Penitenciario de Rancagua.
El hombre, de 28 años, cumple prisión preventiva en el marco de una investigación de carácter reservado iniciada durante junio de 2025.
La decisión de trasladarlo hasta la Región de Magallanes forma parte de las medidas implementadas por Gendarmería a nivel nacional para mantener separados a internos vinculados a organizaciones criminales y reducir la posibilidad de que continúen coordinando delitos desde los establecimientos penitenciarios.
Quiñones fue detenido durante una investigación encabezada por la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía ECOH, relacionada con una organización presuntamente dedicada al sicariato en el Gran Concepción.
Las diligencias terminaron con cinco personas detenidas, tres de nacionalidad chilena y dos ecuatorianas. De acuerdo con los antecedentes de la causa, los ciudadanos chilenos habrían contratado a los extranjeros para ejecutar homicidios por encargo.
La agrupación, conocida como los “Sicarios del Gran Concepción”, es investigada por diversos delitos, entre ellos homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas.
Entre los hechos indagados se encuentra el homicidio de un hombre ocurrido el 1 de junio de 2025 en las afueras de una discoteca de Concepción, además de dos homicidios frustrados registrados durante julio del mismo año en el sector Palomares.
Con su traslado hasta Punta Arenas, Gendarmería busca mantener al imputado separado de otros internos relacionados con investigaciones de crimen organizado y disminuir eventuales coordinaciones delictivas desde el interior de los recintos penitenciarios.
