En un fallo considerado histórico y de alto impacto para Magallanes y el país, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó civilmente a la Congregación Salesiana a pagar $325 millones por concepto de daño moral a ocho exalumnos víctimas de abusos sexuales cometidos en establecimientos educacionales de dicha orden religiosa, entre ellos el Instituto Don Bosco de Punta Arenas.
La sentencia, dictada por el magistrado suplente Diego Portillas Silva, sostiene que existieron omisiones, encubrimiento y silenciamiento prolongados durante décadas, además del traslado sistemático de sacerdotes acusados de abusos sin apartarlos de funciones con jóvenes, inacción frente a denuncias y ausencia de mecanismos efectivos de prevención.
El tribunal concluyó que estas conductas no corresponden a hechos aislados, sino a un actuar institucional continuado.
“Este conjunto de conductas activas y omisivas de la institución constituye un ilícito de carácter continuado que no puede ser fragmentado en actos aislados para efectos del cómputo de la prescripción”, señala la resolución judicial.
Uno de los antecedentes incorporados en la demanda corresponde a la denuncia de un exalumno del Instituto Don Bosco, quien acusó abusos cometidos por el religioso Alejandro Cautín en el año 1974.
La acción civil fue presentada en 2022 por nueve exalumnos de distintos establecimientos salesianos del país. Los demandantes fueron representados por el estudio jurídico de Juan Pablo Hermosilla, desde donde se calificó a la Congregación Salesiana como “una organización dispuesta a propiciar y silenciar abusos”.
El caso tuvo previamente una arista penal. La querella fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago e incluyó al exarzobispo de Santiago y exprovincial de los Salesianos, Ricardo Ezzati, además de los sacerdotes Maximiliano Ortúzar, Natale Vitale, Alberto Lorenzelli y Leonardo Santibáñez, junto a quienes resultaran responsables al interior de la congregación.
La Congregación Salesiana es sostenedora de tres establecimientos educacionales en Magallanes y de cerca de una veintena en el resto del país. El fallo ha generado conmoción por la gravedad de las conclusiones judiciales y por el reconocimiento explícito de responsabilidades institucionales en hechos que afectaron a estudiantes durante varias décadas.
La resolución marca un nuevo precedente en las causas de reparación por abusos sexuales cometidos en contextos eclesiásticos y reabre el debate sobre la responsabilidad de las instituciones frente a denuncias de esta naturaleza y el deber de protección hacia niños, niñas y adolescentes.
