El proceso busca verificar la ocupación efectiva de los inmuebles por parte de sus beneficiarios y detectar eventuales casos de arriendo o cesión a terceros.
Con el objetivo de garantizar que las viviendas sociales sean utilizadas efectivamente por las familias beneficiarias, equipos de fiscalización del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) realizaron una nueva jornada de inspección en viviendas correspondientes a proyectos habitacionales de la región.
El operativo busca comprobar en terreno que los inmuebles sean habitados por el grupo familiar al que fueron asignados, que no se encuentren arrendados y que tampoco hayan sido cedidos a terceras personas.
Desde Serviu señalaron que este trabajo forma parte de un proceso permanente de fiscalización destinado a asegurar el correcto uso de los beneficios habitacionales entregados por el Estado.
“Lo que estamos buscando hoy en día es que la vivienda que nosotros entregamos sea entregada a las personas que realmente lo necesitan y, por eso, es que estamos viendo su ocupación efectiva”, se explicó durante la jornada.
Una vez realizada la verificación en terreno, los antecedentes continúan siendo revisados dentro del proceso de fiscalización. En caso de detectarse alguna irregularidad, se puede iniciar un procedimiento administrativo que eventualmente podría determinar la caducidad del subsidio y la recuperación de la vivienda.
Desde el organismo recalcaron que el objetivo es asegurar que el beneficio habitacional sea utilizado por las personas que efectivamente lo necesitan y evitar que viviendas sociales sean destinadas a otros fines.
La fiscalización no se limita a las inspecciones realizadas directamente por Serviu. Desde el organismo destacaron también la importancia de las denuncias efectuadas por los propios vecinos, quienes pueden advertir situaciones que no necesariamente son detectadas durante las visitas de los equipos fiscalizadores.
“Este trabajo es algo que se hace de manera continua y que requiere no solo de la fiscalización que realiza el Servicio de Vivienda y Urbanización, sino que además requiere de las denuncias por los vecinos”, señalaron.
La autoridad agregó que estas denuncias permiten detectar eventuales incumplimientos relacionados con el uso de las viviendas sociales y contribuir al correcto funcionamiento de los programas habitacionales.
El proceso se enmarca en el plan de fiscalización integral impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, orientado a resguardar los recursos públicos y garantizar que las soluciones habitacionales lleguen y sean utilizadas por quienes cumplen con las condiciones establecidas para acceder a estos beneficios.
