El alcalde de Punta Arenas envió oficios a autoridades de Gobierno y del Congreso para impulsar cambios legales tras la llegada a la ciudad de Ronald Quiñones, pese a que Gendarmería habría advertido que no estaban dadas las condiciones para recibir a un interno de sus características.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, inició gestiones ante autoridades de Gobierno y del Congreso para promover una modificación legal que obligue a considerar los informes técnicos de Gendarmería al momento de decidir en qué recinto penitenciario deben permanecer internos de alta peligrosidad.
La iniciativa surge tras el reciente traslado a Punta Arenas de Ronald Quiñones, situación que generó preocupación en el municipio por las condiciones de seguridad del recinto penitenciario y los eventuales riesgos para los funcionarios y la comunidad.
“Para nosotros no se ha olvidado. Por eso que el lunes o martes tenemos reunión en Santiago con el subsecretario de Prevención del Delito y hemos enviado oficios al ministro de Justicia, Seguridad Pública, presidenta del Senado, Cámara de Diputados y a todos nuestros parlamentarios para que se genere una norma que hubiera cambiado esto. Que los informes de Gendarmería sean vinculantes. Porque Gendarmería explicó que no se dan las condiciones para tener a un preso de estas características”, señaló Radonich.
El jefe comunal también manifestó inquietud por los posibles efectos que la presencia de personas vinculadas a delitos graves podría generar en el entorno local, entre ellos la llegada de familiares y la eventual conformación de redes de apoyo.
En ese sentido, sostuvo que la situación requiere una respuesta urgente y coordinada entre las distintas instituciones, con el propósito de resguardar tanto a quienes trabajan al interior del recinto penitenciario como a los habitantes de Punta Arenas y de la Región de Magallanes.
Radonich recalcó, además, que será fundamental contar con el respaldo de los parlamentarios de la región para avanzar en los cambios normativos y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
“Se abrió la puerta y queremos cerrarla rapidito, pero eso necesita un cambio legal”, afirmó el alcalde, insistiendo en que las personas imputadas por delitos de alta peligrosidad deben permanecer en establecimientos penitenciarios que cuenten con las condiciones de seguridad adecuadas.
Finalmente, el municipio indicó que continuará realizando gestiones ante las autoridades competentes para impulsar esta modificación, poniendo como prioridad la seguridad de los funcionarios penitenciarios y de la comunidad regional.
