Con la presencia del seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández, y del director regional de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Alejandro Donatti, el Programa Mi Abogado (PMA) conmemoró siete años de funcionamiento en la región de Magallanes, destacando su labor especializada en la protección y representación jurídica de niños, niñas y adolescentes bajo el sistema de protección del Estado.
La actividad permitió relevar el trabajo multidisciplinario que desarrolla el equipo regional del programa, encabezado por su abogado coordinador, Danilo Troncoso, desde su instalación en Magallanes el 1 de abril de 2019.
Durante el encuentro, el seremi Cristóbal Fernández valoró el rol que cumple el PMA en el acceso a la justicia para la infancia vulnerada, destacando el reconocimiento transversal que posee dentro del sistema de protección.
“Existe un respeto profesional transversal en el sistema por la seriedad, despliegue y gran capacidad del PMA para resolver nudos estructurales mediante herramientas jurídicas. Su gestión permite una articulación efectiva de la red, garantizando que el acompañamiento y la protección de sus representados sean los adecuados y de calidad”, señaló la autoridad.
Actualmente, el Programa Mi Abogado cuenta en Magallanes con una dotación de 12 profesionales y técnicos, superando la cobertura mínima proyectada al representar a más de 360 niños, niñas y adolescentes en la región.
Danilo Troncoso destacó entre los avances alcanzados el fortalecimiento de la oferta especializada para abordar distintas problemáticas que afectan a menores de edad, especialmente en casos vinculados a explotación sexual infantil y adolescentes con discapacidad.
En este contexto, explicó que el programa ha impulsado intervenciones y mecanismos de reparación para víctimas de explotación sexual, además de coordinar acciones intersectoriales para visibilizar y canalizar prestaciones destinadas a niños y jóvenes con discapacidad.
Por su parte, el director regional de la CAJ, Alejandro Donatti, calificó la incorporación del Programa Mi Abogado como “un cambio sideral y sumamente positivo” para la institución.
“El trabajo multidisciplinario que ellos realizan se ha traducido en efectividad en la restauración de derechos de niños, niñas y adolescentes en la región. Ha sido un programa muy contributivo que trabaja de manera coordinada con otros organismos, permitiendo materializar el mandato de la Ley 21.430”, indicó.
El Programa Mi Abogado desarrolla sus intervenciones mediante equipos integrados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, conformando lo que técnicamente se denomina una tríada psicosociojurídica, modelo que permite abordar los casos desde una perspectiva integral.
Entre los principales hitos alcanzados entre 2019 y 2026, destacan el trabajo sostenido en casos de explotación sexual infantil, la gestión de acceso a prestaciones de salud mental especializada y su participación como acusador particular en causas penales emblemáticas de la región, incluyendo condenas por abuso sexual impropio y un caso de femicidio íntimo que culminó con presidio perpetuo calificado.
Asimismo, desde el programa destacaron que su trabajo ha tenido incidencia directa en políticas públicas regionales, contribuyendo a generar condiciones para la implementación de dos residencias de administración directa del Estado en Magallanes.
