Preocupación e indignación ha generado en la región de Magallanes la redefinición en la distribución de recursos del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), luego de que se anunciara la revisión de iniciativas y prioridades de inversión.
En conversación radial, el consejero regional por la provincia de última esperanza, Max Salas, abordó la controversia, señalando que si bien el plan contempla una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares, no todos los proyectos incluidos responden a necesidades urgentes de la población.
“El plan tiene iniciativas muy importantes, pero también otras que son discutibles. Hoy en la región existen problemas graves en saneamiento, acceso a la salud y manejo de residuos, que deben ser prioridad”, indicó.
En ese sentido, explicó que aún existen sectores, incluso urbanos, donde las familias no cuentan con sistemas adecuados de tratamiento de aguas servidas, situación que calificó como “vergonzosa”.
El consejero enfatizó que el debate no debe centrarse en un recorte presupuestario, sino en una redefinición de prioridades. “No se trata de quitar recursos, sino de analizar en qué se invierten. Hay proyectos que no impactan directamente en la calidad de vida de las personas”, afirmó.
Entre las iniciativas cuestionadas mencionó el Centro Antártico Internacional, cuyo costo supera los 100 millones de dólares. Si bien reconoció su importancia estratégica, sostuvo que no puede considerarse prioritario frente a necesidades sociales urgentes.
“Yo no creo justo que sea la región de Magallanes, con su limitado presupuesto, la que tenga que financiar este tipo de iniciativas. La actividad antártica responde a una política de Estado, de relaciones exteriores y geopolítica, por lo tanto debería ser financiada desde el nivel central”, sostuvo.
Asimismo, recalcó que el Gobierno Regional dispone de aproximadamente 80 millones de dólares anuales para inversión, cifra muy inferior al monto global del plan, lo que obliga a priorizar cuidadosamente los recursos.
Salas también hizo un llamado a generar un diálogo amplio entre autoridades y comunidad para definir las verdaderas necesidades de la región. “Debemos tener una conversación honesta sobre qué proyectos son urgentes y cuáles pueden esperar”, señaló.
Finalmente, insistió en que la región no puede seguir postergando soluciones a problemas estructurales que afectan directamente la calidad de vida de sus habitantes, enfatizando que las decisiones deben tomarse considerando las realidades locales y no solo lineamientos centrales.
La discusión continúa abierta, en un escenario donde la ciudadanía exige mayor claridad y prioridad en el uso de los recursos públicos destinados al desarrollo de Magallanes.
