La abogada Karina Mansilla, jefa de la oficina de defensa laboral de la corporación de asistencia judicial, en “tribuna Magallánica” abordo el escenario laboral en la Región de Magallanes ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, con un incremento sostenido en la demanda de asesoría jurídica para resolver conflictos entre trabajadores y empleadores. Las principales materias de atención judicial abarcan desde los tradicionales despidos injustificados y el cobro de prestaciones adeudadas, hasta la nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales (conocida comúnmente como ley Bustos).
Una de las prácticas recurrentes detectadas por las normativas de defensa jurídica es el uso sucesivo de contratos a plazo fijo para evitar el pago de indemnizaciones por años de servicio. La legislación chilena permite un máximo de dos contratos a plazo fijo, transformándose el tercero automáticamente en indefinido. En el derecho laboral prima el principio de la realidad por sobre el documento escrito. Si un trabajador cumple funciones continuas por años bajo recontrataciones sucesivas con el mismo empleador, mantiene el derecho a reclamar un contrato indefinido y sus respectivas indemnizaciones ante tribunales.
La crisis de los Servicios Locales de Educación (SLEP) y la situación docente Los recientes despidos y desvinculaciones en establecimientos educacionales de la región —que han afectado a escuelas como la Argentina, Pedro Sarmiento de Gamboa y Portugal, sumando nuevos recintos han puesto en la mira el funcionamiento del SLEP.
A diferencia de otros funcionarios públicos amparados por el principio de «confianza legítima» tras cinco años de servicio, los docentes y asistentes de la educación enfrentan una mayor vulnerabilidad contractual bajo la modalidad a contrata.
Los profesores solo adquieren estabilidad a través de causales específicas de supresión de horas, sumarios o mediante leyes especiales de titularidad dictadas por el Congreso.
Para garantizar que ningún trabajador quede desprotegido en zonas extremas, la Oficina de Defensa Regional mantiene operativos de cobertura extendida, Cuenta con una oficina permanente ubicada en calle Carlos Boric (en el edificio de la notaría), con atención presencial, videollamadas y agendamiento a cargo de un técnico jurídico.
Se coordinan atenciones presenciales periódicas en colaboración con la Inspección Provincial de Tierra del Fuego y se resuelven trámites de forma telemática a través de la Oficina Judicial Virtual, aprovechando las facilidades de acceso remoto consolidadas tras la pandemia.
Asimismo, la institución ofrece charlas preventivas a organizaciones sociales, juntas de vecinos y colegios técnico-profesionales enfocadas en normativas clave como la Ley Karin y los derechos básicos de quienes inician su vida laboral para fomentar la educación previsional y contractual en la comunidad.
