Con la medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, pero rechazando la solicitud de arresto domiciliario nocturno presentada por la Fiscalía, concluyó la audiencia de formalización en contra del exseremi de Salud de Magallanes, investigado por el presunto delito de violación de una persona mayor de 14 años.
La Fiscalía Regional formalizó la investigación por este delito y el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de las diligencias investigativas, período en el que se espera contar con una serie de peritajes considerados fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.
La fiscal Johana Iribarra explicó que la formalización responde a los antecedentes entregados por la víctima y que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial.
«El Ministerio Público tenía que formalizar la investigación por el delito de violación de mayor de 14 años, que son los antecedentes que nos entrega la víctima. Este es un proceso que todavía está en etapa de investigación y faltan múltiples peritajes, como el examen toxicológico y los análisis de fluidos encontrados en la víctima», indicó.
La persecutora agregó que el Ministerio Público solicitó también el arresto domiciliario nocturno, medida que fue desestimada por el tribunal.
«El tribunal estimó que, con los antecedentes existentes hasta hoy, principalmente la declaración de la víctima y existiendo una discusión respecto de la versión del imputado, no correspondía decretar esa cautelar. Sin embargo, sí decretó el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima», sostuvo.
Respecto del contexto de los hechos investigados, Iribarra explicó que la víctima habría viajado hasta Punta Arenas para reunirse con el imputado, con quien mantenía una relación desde al menos 2023.
Según la versión entregada por la Fiscalía, durante el encuentro existió consumo de alcohol y de diversas sustancias, entre ellas benzodiacepinas, diazepam, zolpidem y ketamina.
«Producto de esta situación, la víctima pierde el conocimiento y es en ese momento cuando se habría producido la agresión sexual», afirmó.
La fiscal precisó que aún se encuentran pendientes diversos informes periciales, por lo que no descartó que la investigación pueda evolucionar conforme avancen las diligencias.
En cuanto a la riña registrada posteriormente entre ambas personas, señaló que existen versiones contrapuestas.
«El imputado sostiene que el conflicto se originó por un pago de dinero pendiente, mientras que la víctima señala que se encontraba con un fuerte dolor estomacal y que el imputado no quiso trasladarlo a un centro asistencial. Será la investigación la que permita esclarecer esos hechos», explicó.
Por su parte, el abogado defensor Juan Carlos Rebolledo aseguró que los antecedentes recopilados por la defensa demostrarían la inocencia de su representado.
«Desde el primer día nos abocamos a reunir toda la información que pudiera establecer la inexistencia del delito. Con el apoyo de la familia recopilamos antecedentes que demuestran que aquí no hubo delito ni participación de mi representado en una agresión sexual», afirmó.
El defensor señaló que la causa se sustenta en un delito flagrante y que los informes médicos conocidos hasta ahora no darían cuenta de lesiones compatibles con una agresión sexual.
«Tenemos cuatro informes facultativos: dos médicos que observaron directamente a la persona, el informe de urgencia, el informe especial para violencia sexual y, aparentemente, un informe del Servicio Médico Legal. Todos son concordantes en que no existen hallazgos que den cuenta de una agresión sexual», indicó.
Consultado por el origen del conflicto entre denunciante e imputado, Rebolledo reconoció que existiría un desacuerdo económico, aunque evitó profundizar.
«La versión del denunciante es que existía un pago pendiente relacionado con una actividad que realizaba. Sin embargo, creemos que corresponde respetar la intimidad de las personas y esperar el desarrollo de la investigación», señaló.
El abogado manifestó además que la defensa considera que las cautelares decretadas no eran necesarias, aunque reconoció que la legislación permite su imposición mientras continúa el proceso.
«Hoy día, desde la perspectiva de la defensa, no hay delito y no hay culpable. Esperamos que, una vez concluidas las pericias médicas y de laboratorio, esta causa termine con una decisión de no perseverar o un sobreseimiento definitivo», sostuvo.
Al término de la audiencia también habló el hermano del imputado, quien aseguró que la familia se siente aliviada por el desarrollo de la audiencia y criticó el tratamiento público que ha tenido el caso.
«Nosotros queremos decir que mi hermano es una buena persona. Hoy el tribunal ha dejado claro que este es un proceso en investigación y nosotros siempre hemos sostenido su inocencia. Sentimos que fue condenado públicamente antes de que pudiera defenderse», expresó.
Añadió que la exposición mediática afectó profundamente a la familia.
«Lo que lamentamos es que se haya expuesto su vida privada sin ningún tipo de prudencia. Hemos recibido un enorme apoyo de la gente de Porvenir y de muchas personas que conocen a nuestra familia, pero del Gobierno no hemos recibido ninguna muestra de respaldo», afirmó.
Consultado sobre eventuales acciones judiciales para resguardar la honra del exseremi, señaló que esa decisión será evaluada una vez concluya el proceso penal.
«Primero queremos que este proceso termine completamente. Después veremos si corresponde iniciar acciones legales, porque el daño personal y profesional que se ha causado ha sido muy grande», concluyó.
