El colegio de profesores de la región solicitara públicamente a la Superintendencia de Educación iniciar una fiscalización de oficio, al Slep Magallanes luego de advertir una crisis presupuestaria institucional y la adopción de medidas de contingencia que, según sostienen, podrían vulnerar la normativa educacional vigente.
El planteamiento surge tras una reunión sostenida el 9 de septiembre entre los equipos directivos y la Dirección Ejecutiva del SLEP Magallanes, instancia en la que se habrían expuesto dificultades relacionadas con la cobertura de reemplazos y la continuidad del servicio educativo. Así lo dió a aconocer Alicia Aguilante, presidenta del colegio de profesores.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al uso de profesionales y educadores diferenciales del Programa de Integración Escolar (PIE) para cubrir ausencias en asignaturas comunes ante la falta de docentes de reemplazo.
Según el documento, esta práctica podría contravenir las disposiciones que regulan el destino de los recursos de la subvención PIE y afectar la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, al dificultar el cumplimiento de sus Planes de Apoyo Individual (PAI).
Los representantes de los establecimientos también cuestionaron que integrantes de los equipos directivos y técnicos deban asumir de manera reiterada funciones de reemplazo en aula para enfrentar la falta de cobertura docente.
A juicio de los firmantes, esta situación terminaría afectando la gestión técnico-pedagógica de los establecimientos y el cumplimiento de las funciones asociadas a los cargos directivos.
Frente a este escenario, los directivos solicitaron a la Superintendencia de Educación ejercer sus facultades fiscalizadoras y revisar la administración del SLEP Magallanes en materias relacionadas con la cobertura de reemplazos, continuidad del servicio educativo y utilización de la dotación y recursos asociados al PIE.
También pidieron verificar que los fondos públicos destinados a fines específicos sean utilizados conforme a la normativa y que las dificultades presupuestarias no terminen trasladándose a las comunidades escolares.
“El Educación Pública no puede sostenerse sobre la base de la precarización laboral ni de la vulneración de los derechos de nuestros estudiantes”, señala el planteamiento presentado por el Colegio de Profesores.
Entre las medidas solicitadas se encuentra la elaboración de un informe de fiscalización que permita determinar eventuales incumplimientos y establecer acciones para garantizar la continuidad de la atención educativa y especializada de los estudiantes.
El llamado se produce en medio del proceso de implementación de la educación pública administrada por los Servicios Locales de Educación, donde la disponibilidad de recursos, la dotación docente y la continuidad de los servicios han sido parte de los principales desafíos de gestión.
