El clima en torno al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes volvió a tensionarse este lunes, luego de que el diputado Carlos Bianchi ingresara un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República, solicitando una investigación exhaustiva por eventuales irregularidades detectadas en procesos internos del organismo.
La acción del parlamentario se sustenta en denuncias presentadas por funcionarios del propio SLEP —principalmente de Remuneraciones y de Administración y Finanzas— quienes habrían advertido maniobras para sortear procesos regulares de licitación mediante contrataciones directas, incluso con empresas que previamente no calificaron en concursos públicos.
Uno de los casos que Bianchi pidió revisar con urgencia corresponde a la licitación ID 1233613-64-LE24, correspondiente al “Servicio de Reclutamiento de Personal”. En ese proceso participaron 11 empresas, pero la firma Taylor Servicios no fue adjudicada. Sin embargo, el parlamentario afirmó que existirían antecedentes que apuntan a una posterior contratación directa, pese a haber sido descartada oficialmente en la licitación.
A ello se suma un punto que elevó la preocupación: ejecutivos vinculados a la empresa no adjudicada habrían terminado prestando servicios de manera individual al organismo, lo que podría configurar vulneraciones tanto a la Ley de Compras Públicas como a la Ley de Presupuestos y a los principios de probidad administrativa.
Bianchi solicitó al órgano contralor detener cualquier proceso de reclutamiento actualmente en curso con Taylor Servicios mientras se realiza la indagatoria, fiscalizar la legalidad de las contrataciones directas y determinar si hubo conflictos de interés, tráfico de influencias o decisiones adoptadas al margen de la normativa vigente.
“La educación pública de Magallanes no puede quedar en manos de definiciones poco claras ni fuera de la ley”, enfatizó el diputado. “Hay denuncias serias hechas por funcionarios, y nuestro deber es actuar de inmediato para asegurar una total transparencia”.
El parlamentario remarcó que, frente a señales de posibles irregularidades, “la única respuesta es actuar con firmeza y prontitud para resguardar la probidad y la confianza en el sistema educativo público”.
