La parlamentaria Javiera Morales presentó una solicitud de acuerdo ante la Cámara de Diputadas y Diputados, instando al Presidente de la República a garantizar recursos suficientes y permanentes para abordar de manera integral la crisis oncológica que afecta al sistema público de salud.
La iniciativa surge en medio de crecientes cuestionamientos a las medidas adoptadas por el Gobierno, particularmente la denominada “Alerta Sanitaria Oncológica”, la cual según advirtió la diputada no puede limitarse a acciones transitorias si no cuenta con financiamiento asegurado. “La respuesta no puede ser momentánea frente a una crisis estructural que lleva años agravándose”, enfatizó.
Un informe del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo encendió las alarmas al revelar que la región de Magallanes lidera el país en retrasos de atención de patologías GES. Actualmente, se estiman cerca de 400 atenciones pendientes en enfermedades oncológicas en la zona. A nivel nacional, más del 60% de los incumplimientos corresponde a diagnósticos, lo que implica que miles de pacientes aún desconocen el tipo y la etapa del cáncer que padecen.
Morales sostuvo que esta situación refleja el deterioro sostenido del sistema público de salud y recalcó que “no se resuelve con recortes presupuestarios, sino con recursos permanentes”. En esa línea, subrayó la necesidad de inversión continua en infraestructura, equipamiento y formación de especialistas, especialmente en regiones con menor acceso a servicios oncológicos.
La diputada también criticó la estrategia de enfrentar la crisis mediante la compra de prestaciones al sector privado por periodos acotados, señalando que “no se necesitan más eslóganes, se necesita inversión pública constante para fortalecer hospitales y centros de salud”.
El proyecto recuerda además que el cáncer es la principal causa de muerte en Chile desde 2019, con cerca de 30 mil fallecimientos anuales. A ello se suman profundas brechas territoriales, debido a la alta concentración de especialistas en la Región Metropolitana y en el sector privado, lo que obliga a muchos pacientes de regiones a trasladarse largas distancias para acceder a tratamientos como la radioterapia.
Asimismo, el documento cuestiona que la alerta sanitaria no contemple financiamiento propio garantizado y dependa de reasignaciones presupuestarias, en un contexto de ajuste fiscal del 3% aplicado a los ministerios, incluido el de Salud, lo que podría limitar aún más la capacidad de respuesta del sistema público.
Finalmente, la solicitud de acuerdo plantea una serie de exigencias al Ejecutivo: asegurar que el ajuste fiscal no afecte los recursos destinados a la atención oncológica; informar al Congreso, en un plazo máximo de cinco días, el impacto presupuestario en salud; presentar en 60 días un plan de financiamiento permanente para fortalecer la capacidad de quimioterapia y radioterapia; y adoptar medidas concretas para reducir las desigualdades territoriales, como el financiamiento de plazas de oncólogos en regiones, apoyo a traslados de pacientes y la instalación o mejora de equipos especializados.
La propuesta abre el debate sobre la urgencia de fortalecer el sistema público de salud frente a una de las principales causas de muerte en el país.
