Luego de la polémica generada por el informe de la Contraloría General de la República que evidenció altos gastos municipales en celebraciones, especialmente en comunas de la Región de Magallanes, surgieron voces desde el mundo municipal que salieron a explicar y defender estas cifras.
El diputado Alejandro Riquelme había manifestado su preocupación por los montos detectados, señalando que varias comunas superan ampliamente el promedio nacional de $9.064 por habitante. Entre ellas destacan Río Verde, Laguna Blanca, Torres del Paine y San Gregorio, con cifras considerablemente más elevadas, lo que motivó el anuncio de acciones de fiscalización para revisar el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, desde la Asociación de Municipalidades de Magallanes, su presidente y alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, entregó una mirada distinta, contextualizando la realidad de los territorios más aislados de la región.
La autoridad comunal indicó que el informe debe analizarse considerando las particularidades de las zonas rurales, donde las municipalidades cumplen un rol clave no solo en lo social, sino también en lo cultural y recreativo, aspectos fundamentales para el bienestar de la comunidad.
“Las poblaciones rurales requieren un mayor esfuerzo para garantizar bienestar social y espacios de desarrollo cultural. Esto implica que, en muchos casos, el gasto deba ser mayor para llegar de forma efectiva a la gente”, explicó.
Fernández agregó que factores como la distancia territorial inciden directamente en los costos, ejemplificando con comunas como Torres del Paine y Río Verde, donde la lejanía y las condiciones geográficas elevan significativamente los gastos operativos.
Asimismo, recalcó que estos gastos corresponden a “fotografías del momento” y que no implican descuidar otras áreas prioritarias. “Las municipalidades no descuidan lo social, lo educativo ni lo cultural. Nuestro rol es integral y busca el desarrollo de cada territorio”, sostuvo.
Pese a la defensa, el dirigente comunal valoró el rol fiscalizador de la Contraloría, señalando que permite mejorar los procedimientos y avanzar en mayor transparencia, especialmente frente a cuestionamientos ciudadanos.
Por su parte, el diputado Riquelme reiteró que la fiscalización se realizará sin distinción política, con el objetivo de asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio directo de la comunidad, advirtiendo que los gastos en celebraciones no pueden transformarse en una prioridad por sobre necesidades urgentes.
De esta forma, se abre un debate en torno al equilibrio entre inversión en actividades comunitarias y el uso responsable de los recursos fiscales, especialmente en regiones extremas como Magallanes, donde las condiciones territoriales plantean desafíos únicos para la gestión municipal.
