La Contraloría General de la República, a través del Dictamen N.º D168/2026, confirmó una serie de irregularidades en la adquisición de un inmueble por parte del Gobierno Regional de Magallanes, operación liderada por el gobernador regional Jorge Flies y destinada a habilitar una residencia para adolescentes del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Según el organismo contralor, el proceso no se ajustó a derecho y vulneró principios fundamentales de probidad administrativa, validando así denuncias previamente presentadas por parlamentarios y consejeros regionales. Entre los principales cuestionamientos, se establece que no se realizó la licitación pública exigida por la normativa, ni se dictó una resolución fundada que justificara la utilización del trato directo, mecanismo que solo puede emplearse de manera excepcional.
Asimismo, el informe concluye que la compra del inmueble no resultó procedente en los términos en que fue ejecutada, evidenciando deficiencias en el resguardo del patrimonio público y en el cumplimiento de los deberes de la autoridad regional.
La Contraloría también advirtió inconsistencias en las tasaciones comerciales, ausencia de estudios técnico-económicos que respaldaran la decisión, y eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa, lo que da cuenta de un procedimiento deficiente en el uso de recursos públicos.
La denuncia ante el Ministerio Público fue presentada por el diputado Alejandro Riquelme, con el respaldo de consejeros regionales, además del senador Alejandro Kusanovic y el exdiputado Christian Matheson, quienes impulsaron la fiscalización del caso.
En paralelo, la Fiscalía de Chile mantiene una investigación penal en curso para esclarecer posibles delitos asociados a esta operación, la cual podría derivar en eventuales formalizaciones si se acreditan responsabilidades.
Tras conocerse el dictamen, el diputado Riquelme afirmó que “la ciudadanía de Magallanes merece instituciones transparentes y autoridades que actúen con total apego a la ley”, agregando que este pronunciamiento marca “un punto de inflexión” y que ahora corresponde determinar las responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales.
El informe de Contraloría abre además la puerta a eventuales acciones institucionales, entre ellas solicitudes de destitución de la autoridad regional, en resguardo de la probidad administrativa y la correcta gestión de los recursos públicos.
