Tras la arremetida judicial de los propietarios del Club Hípico de Punta Arenas, quienes exigen una millonaria indemnización tras el freno a la expropiación de sus terrenos, han surgido fuertes críticas desde el ámbito regional. La controversia apunta ahora a la gestión de los recursos y a la responsabilidad del Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en la paralización del proceso.
Cabe recordar que, en diciembre pasado, el Gobierno Regional (GORE) y el Serviu cumplieron con su parte del acuerdo, depositando en el tribunal el monto total estimado por los tasadores para que los dineros estuvieran a disposición de los propietarios y así concretar el traspaso del terreno.
Sin embargo, la orden ministerial de detener el proceso —aparentemente sin consulta previa al GORE ni al Serviu— ha dejado estos fondos en un «limbo» jurídico.
El consejero regional Juan Morano Cornejo es enfático en argumentar que «El Gobierno Regional realizó una modificación presupuestaria con el único fin de expropiar el terreno de la Sociedad Rural o Hipódromo de Magallanes. Esos dineros no pueden ser utilizados para otros fines y esperamos que el Ejecutivo del GORE pida su devolución inmediata», señalaron voces desde el Consejo Regional.
La preocupación no es solo por la demanda de los privados, sino por el perjuicio que esta decisión centralista ha provocado en la planificación local. Ante este escenario, se analiza que el Gobierno Regional tome medidas similares a las del Club Hípico:
El consejero proseguí con los pasos a seguir por parte del Gore, quienes deben solicitar formalmente el retorno de los más de $2.000 millones que hoy permanecen retenidos. Analizar si existe un «daño emergente» provocado por la decisión del Ministerio, al haberse truncado un acuerdo técnico y financiero que ya estaba en etapa de ejecución.
El conflicto ha dejado en evidencia una falta de comunicación entre Santiago y Magallanes. Según se acusa, la detención del proceso fue una medida adoptada por el Ministro en consulta cerrada, ignorando los acuerdos previos alcanzados en la zona.
«Esperamos que pronto podamos tener una solución definitiva y que los tribunales resuelvan lo que les compete, pero sobre todo, que se resguarde el patrimonio regional que hoy está comprometido por una decisión tomada a kilómetros de distancia», concluyeron representantes locales
Contexto del Conflicto: El terreno del Club Hípico es considerado estratégico para el desarrollo urbano de Punta Arenas. La suspensión de su expropiación no solo detiene proyectos de conectividad, sino que ahora abre un flanco judicial donde el Estado podría verse obligado a pagar indemnizaciones sin siquiera adquirir el inmueble.
