La parlamentaria Javiera Morales llamó al Ejecutivo a acelerar la tramitación de su iniciativa de ley que busca restringir el cobro en Unidad de Fomento (UF) en servicios y contratos de uso habitual, como arriendos, matrículas escolares, aranceles universitarios y planes de salud. Este índice financiero ya superó la barrera de los 40 mil pesos, lo que su uso actual estaría afectando directamente el presupuesto de las familias, por lo que es necesario limitar su aplicación.
La legisladora fundamentó esta solicitud en el contexto del fuerte aumento del costo de la vida, especialmente por el alza de los combustibles, asegurando que el Ejecutivo decidió traspasarle el costo del aumento de las bencinas a la ciudadanía, generando un impacto inflacionario que ya se refleja directamente en el valor de la UF. Actualmente, la Unidad de Fomento alcanzó los 40 mil pesos, situación que profundiza la presión económica sobre miles de familias en Chile.
Es por ello, que la diputada le solicitó mediante un oficio al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que le pusiera urgencia al proyecto de su autoría que restringe su uso. Además, advirtió que el problema no es la UF como herramienta financiera, sino el uso abusivo que se ha extendido a contratos cotidianos, afectando directamente a las personas, especialmente cuando los sueldos no se reajustan en la misma medida.
Lamentablemente en nuestro país hay abuso de la UF y privados la utilizan para cobrar colegios, para cobrar seguros de salud, para cobrar arriendos, hasta hemos sabido que se cobran en UF cuotas de clubes deportivos. Hoy día muchos trabajadores van a tener aumento de sus costos para vivir y para llegar a fin de mes, pero sus sueldos no están contratados en UF y por tanto se mantienen iguales, agregó.
El proyecto presentado por la parlamentaria ya comenzó su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados y fue aprobado en la Comisión de Economía, por lo que ahora pasaría a la Sala de la Cámara.
Por último, la parlamentaria enfatizó que esta iniciativa es especialmente urgente en regiones como Magallanes, donde el costo de vida es significativamente mayor. No puede ser que los colegios cobren en UF si no le pagan a sus profesoras y profesores en UF. Lo que este proyecto busca es ponerle freno a ese tipo de abusos. En Magallanes, donde todo es más caro, un alza mensual en arriendos o servicios puede marcar una gran diferencia para las familias. Regular la UF en estos contratos es una medida de justicia, concluyó.
