Una creciente preocupación y malestar se ha instalado entre los consumidores de combustibles tras registrarse una segunda alza en menos de un mes, impactando directamente el bolsillo de las familias, trabajadores y pequeñas empresas.
Alejandro Avendaño Gallardo, ex dirigente sindical, advirtió que las recientes variaciones alcanzan niveles críticos: la gasolina ha experimentado un aumento de $392,2 por litro, mientras que el diésel se ha incrementado en $616,4 por litro en el mismo período. A su juicio, estas cifras reflejan una situación “insostenible” para amplios sectores de la población.
En ese contexto, Avendaño cuestionó la reacción del gremio de camioneros, recordando que en febrero de 2022 un alza de apenas $11,1 por litro en el diésel derivó en un paro nacional que se extendió por ocho días, interrumpiendo rutas y afectando la cadena de abastecimiento. “Hoy, frente a una subida histórica, aún no existe una definición clara respecto de eventuales movilizaciones, pese al impacto que esto ya está teniendo en la ciudadanía”, señaló.
Asimismo, puso énfasis en la situación de los pequeños transportistas, quienes según indicó enfrentan serias dificultades para absorber los costos sin posibilidad de traspasarlos. “El camionero independiente queda atrapado entre el alza del combustible y contratos que no contemplan estas variaciones, mientras las grandes empresas se desentienden de esta realidad”, sostuvo.
El ex dirigente también apuntó a factores internacionales y decisiones internas. Destacó que el precio del barril de petróleo Brent se mantiene por debajo de los 100 dólares, lo que, a su juicio, no se refleja proporcionalmente en el mercado local. En esa línea, advirtió que el denominado “bencinazo” ha generado un efecto dominó, elevando costos en transporte y anticipando nuevas alzas en productos básicos, especialmente alimentos.
Desde una perspectiva fiscal, Avendaño afirmó que el Estado estaría recaudando mayores ingresos por concepto de IVA en comparación con períodos en que el petróleo se cotizaba en torno a los 70 dólares por barril. “Esto implica que el fisco se beneficia de un mayor costo que recae directamente en las personas”, indicó.
Finalmente, emplazó a las autoridades y representantes de la Región de Magallanes a pasar del discurso a la acción. “La ciudadanía espera medidas concretas. No basta con declaraciones. Es momento de asumir responsabilidades y responder ante una crisis que afecta directamente la calidad de vida de la población”, concluyó.
