El Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció el retiro del veto sustitutivo ingresado por la administración anterior al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, iniciativa que ya había sido aprobada de forma unánime por el Congreso.
Con esta decisión, la normativa queda en condiciones de ser despachada por el Senado y avanzar hacia su pronta promulgación, destrabando un proceso legislativo que se encontraba detenido desde febrero.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, valoró la medida y destacó que responde a un compromiso del programa de gobierno.
“Las personas mayores cumplen un rol fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad y merecen ser reconocidas como sujetos activos. Estamos destrabando una ley ampliamente consensuada para que entre en vigencia lo antes posible”, afirmó.
La secretaria de Estado agregó que durante los próximos días sostendrá reuniones con organizaciones sociales para dar a conocer los alcances de la normativa y su implementación.
El retiro del veto permite mantener disposiciones clave del proyecto, especialmente en materia de protección laboral y modalidades de trabajo flexible para personas mayores.
Según explicó la ministra, la ley busca no solo resguardar derechos, sino también combatir la discriminación por edad —conocida como edadismo— y promover la participación activa de este grupo en la sociedad. “El envejecimiento es parte del desarrollo del país y debemos garantizar oportunidades laborales dignas durante todo el ciclo de vida”, señaló.
Desde la sociedad civil, la medida fue bien recibida. Soledad Carvacho, presidenta de la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores, destacó la importancia de contar con una ley integral que complemente los compromisos internacionales del país.
En tanto, Sara Ortega, presidenta de la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor de Macul, subrayó que la iniciativa permitirá avanzar hacia una vejez más digna, activa y con mayor respaldo institucional.
La ley contempla 15 derechos específicos para las personas mayores, entre ellos la igualdad y no discriminación por edad, el acceso a un trato digno, la atención preferente, el acceso a la justicia, la autonomía e independencia.
Asimismo, incorpora mecanismos para proteger a personas mayores en situación de dependencia, incluyendo la definición de abandono social y nuevos procedimientos en tribunales de familia que permitirán aplicar medidas de protección de manera más ágil.
Con este paso, el Ejecutivo busca acelerar la entrada en vigencia de una normativa considerada clave en un país que enfrenta un sostenido proceso de envejecimiento poblacional.
