Propietarios de caballos y personas relacionadas con las actividades ecuestres del ex Club Hípico de Punta Arenas anunciaron que evaluarán acciones legales ante los plazos establecidos para el desalojo del predio, en medio del proceso de expropiación impulsado por el gobierno para transformar el espacio en un parque urbano habitable para la comunidad.
El terreno ubicado en el corazón de la capital regional y con una extensión aproximada de 20 hectáreas se encuentra en medio de un prolongado trámite administrativo y judicial que busca concretar la expropiación por causa de utilidad pública, de acuerdo al Decreto Ley N.º 2.186 que regula estas materias en Chile.
La iniciativa fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric como parte de un proyecto que pretende recuperar el espacios para la ciudad y sus habitantes, comparándolo con un “Central Park” que ofrezca áreas verdes, senderos, espacios deportivos y equipamientos culturales. 
En las últimas semanas, las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y del SERVIU Magallanes consignaron ante el tribunal el monto provisorio de indemnización para avanzar en el proceso judicial, lo que dio inicio a los plazos legales para notificar a los propietarios del terreno y permitirles presentar reclamaciones o recursos en caso de desacuerdo con el monto fijado. 
Frente a esto, varios dueños de caballos que todavía hacen uso del espacio o tienen intereses vinculados a actividades hípicas manifestaron su intención de recurrir a la justicia para cuestionar los plazos y procedimientos que la autoridad está aplicando en el marco del desalojo y la expropiación.
Hasta ahora, no se ha ofrecido una versión oficial de los propietarios ni de sus representantes legales sobre los pasos concretos que adoptarán, aunque fuentes vinculadas al sector señalan que podrían presentar reclamos tanto por plazos como por temas de indemnización.
Este conflicto se suma a las diversas controversias que ha generado el proyecto, incluyendo debates por montos de tasación, tiempos del proceso y el uso futuro del terreno, que ha tenido eco en distintas instancias políticas y ciudadanas en Magallanes
