El Frente de Trabajadores Penitenciarios (FTP) informó que se encuentra en estado de alerta y movilización a nivel nacional, medida que se desarrolla de manera responsable, pacífica y organizada en todas las unidades penales y especiales del país, ante la profunda preocupación que genera un proyecto de reforma que modifica el ministerio del cual depende Gendarmería de Chile.
Según señala el comunicado, los funcionarios y funcionarias penitenciarias advierten que la iniciativa no entrega garantías claras ni explícitas respecto a la mantención de sus derechos remuneracionales y previsionales, situación que —afirman— podría afectar gravemente la estabilidad laboral, económica y previsional del personal activo del sistema penitenciario.
Desde la organización recalcaron que no se trata de una discusión administrativa menor, sino de una decisión política de alto impacto, que podría significar un retroceso en derechos adquiridos a lo largo de la carrera funcionaria. En ese contexto, exigieron al Presidente de la República incorporar una indicación concreta y vinculante que asegure que ningún trabajador verá disminuidos sus derechos históricos.
Asimismo, el FTP realizó un llamado directo al Congreso Nacional, en especial a senadoras y senadores, solicitando que el proyecto sea rechazado si no garantiza de manera expresa la protección de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores penitenciarios. A juicio de la organización, aprobar la reforma en las actuales condiciones significaría una nueva precarización de una de las labores más riesgosas y exigentes del Estado.
El comunicado destaca además las condiciones extremas en que se desempeña el personal de Gendarmería, enfrentando sobrepoblación penal, alto riesgo laboral y escaso reconocimiento institucional, subrayando que no aceptarán que una reforma estructural se construya a costa del sacrificio de quienes resguardan el orden y la seguridad al interior de los recintos penitenciarios.
Finalmente, el Frente de Trabajadores Penitenciarios rechazó que hechos aislados de corrupción, que deben ser investigados y sancionados conforme a la ley, sean utilizados para poner en duda a toda la institución y debilitar los derechos laborales del sector. Reiteraron que la movilización es pacífica, pero con una convicción firme, señalando que la responsabilidad ahora recae en el Congreso para evitar retrocesos en los derechos de quienes cumplen una función esencial para la seguridad del país.
