El Gobierno nacional de Argentina resolvió intervenir administrativamente el Puerto de Ushuaia por un período de 12 meses, tras detectar presuntas irregularidades financieras, deficiencias operativas y riesgos en la infraestructura del principal terminal marítimo de la provincia. La medida, adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), generó un fuerte impacto político e institucional en la región fueguina.
Según antecedentes oficiales, auditorías realizadas por el organismo nacional evidenciaron desvíos de recursos portuarios, falencias en la gestión administrativa y problemas de seguridad operacional. De acuerdo a la información difundida, parte de los fondos del puerto habrían sido utilizados para financiar gastos generales de la administración provincial, contraviniendo la normativa que establece que dichos recursos deben destinarse exclusivamente al mantenimiento e inversión en la infraestructura portuaria .
La intervención fue formalizada mediante una resolución firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, y contempló el ingreso de funcionarios del organismo junto a personal de Prefectura Naval Argentina, en un operativo que incluyó control administrativo y supervisión directa de las dependencias portuarias. Desde el Gobierno nacional se indicó que el objetivo principal es garantizar la continuidad operativa del puerto, resguardar la seguridad y transparentar su administración, descartando despidos masivos de trabajadores .
La decisión provocó un inmediato rechazo por parte del Gobierno de Tierra del Fuego. El gobernador Gustavo Melella y el presidente de la Dirección Provincial de Puertos calificaron la medida como arbitraria y denunciaron un avance del Ejecutivo nacional sobre competencias provinciales. Desde la administración fueguina sostienen que el puerto opera con normalidad y anunciaron que evaluarán acciones administrativas y judiciales para revertir la intervención .
El Puerto de Ushuaia es considerado estratégico para el país, tanto por su rol en el turismo antártico, el comercio marítimo y la logística del extremo sur, como por su valor geopolítico. En ese contexto, la intervención abre un escenario de incertidumbre que podría impactar en la actividad económica y en la relación entre el Gobierno nacional y la provincia durante los próximos meses.
