Maripani está pensando en el desalojo obligatorio de los alumnos en toma de la Umag

La Universidad de Magallanes (Umag) vive uno de los momentos de mayor tensión de los últimos años, luego de que el rector José Maripani anunciara que interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. El objetivo del escrito, según explicó, es poner fin a la toma indefinida que mantiene la Federación de Estudiantes (Feum) y solicitar formalmente el apoyo de Carabineros para restituir el uso de las instalaciones universitarias.

La movilización estudiantil fue aprobada el jueves por la tarde tras la negativa de la rectoría a remover de su cargo al vicerrector de Administración y Finanzas, Freddy Cabezas. El funcionario es señalado por los dirigentes como responsable de incumplimientos reiterados y de decisiones cuestionadas tras el ataque vandálico contra el mural dedicado a Silvio Francisco Bettancourt. Felipe Miranda, presidente de la Feum, confirmó que la medida se mantiene sin plazo determinado debido a la forma en que se originó el conflicto.

Durante una conferencia de prensa realizada en el edificio del Cadi, Maripani aseguró que el recurso judicial pretende “restablecer el imperio de la ley” y calificó la acción estudiantil como una “ocupación ilegítima” que impide el normal funcionamiento de la institución. En esa línea, sostuvo que la universidad tiene la obligación de proteger sus recintos y que, por ello, se requiere la presencia policial para proceder al desalojo. Aunque reconoció que un operativo de ese tipo puede acarrear riesgos y posibles episodios de violencia, afirmó que la situación ha llegado a un punto crítico.

El rector también contextualizó el conflicto dentro del proceso de ajuste financiero que atraviesa la Umag. Recordó que la Superintendencia de Educación Superior aprobó un plan de modernización y sostenibilidad que debe ejecutarse en su totalidad, y advirtió que su incumplimiento podría derivar en una intervención externa. Por esa razón, según indicó, la administración universitaria ha debido actuar con mayor firmeza en decisiones de carácter económico y administrativo.

A raíz de la toma, se decretó la suspensión completa de las actividades académicas y administrativas, lo que incluye la reprogramación de evaluaciones, prácticas y cualquier actividad externa. La rectoría informó que el calendario académico será reorganizado para asegurar los estándares formativos, aunque advirtió que, de prolongarse la paralización, el cierre del semestre podría desplazarse hasta enero.

Finalmente, Maripani dejó en claro que cualquier diálogo con los estudiantes está supeditado al fin de la ocupación. Afirmó que la universidad está dispuesta a atender sus demandas, pero no bajo un escenario de presión ni con las dependencias bloqueadas, en un contexto donde la judicialización y la eventual intervención policial parecen cada vez más probables.