Una serie de graves denuncias por maltrato, acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales en la Escuela Juan Williams de Punta Arenas fue dada a conocer por representantes del gremio docente, quienes revelaron que las irregularidades y problemáticas dentro del establecimiento educativo se vienen arrastrando desde el año 2023.
De acuerdo con lo expuesto por la presidenta del colegio comunal de profesores María José Rodríguez, los antecedentes expuestos, las denuncias apuntan directamente a la directora del colegio Juan Williams y ya habían sido notificadas a las autoridades competentes, incluyendo al Consejo Municipal y a las anteriores direcciones ejecutivas y administrativas de la educación local. A pesar de los constantes requerimientos y del deterioro en el clima de trabajo, los docentes señalaron que transcurrieron más de tres años sin que se entregaran soluciones concretas ni se adoptaran medidas oportunas.
Frente a la escalada del conflicto y la presión del profesorado, se confirmó la apertura de sumarios administrativos para esclarecer las responsabilidades en el caso. Como medida preventiva mientras se desarrolla la investigación formal, la directora fue suspendida de sus funciones.
Desde el gremio explicaron que, conforme a la normativa del Estatuto Administrativo, la profesional mantiene el goce de sus remuneraciones mientras se mantenga la medida disciplinaria previa. No obstante, recordaron que la Contraloría General de la República ha establecido criterios claros para que este tipo de procedimientos no se extiendan de manera indefinida, fijando plazos de resolución de entre dos a tres meses como máximo.
Las voceras del gremio hicieron hincapié en las secuelas que este prolongado periodo de tensión ha dejado en el cuerpo docente y en la comunidad escolar. Según expresaron, la falta de respuestas a tiempo obligó a profesionales a solicitar traslados a otros establecimientos para resguardar su salud mental, una situación que consideran injusta y sintomática de la precarización del ambiente laboral. Finalmente, el colegio de profesores y profesoras reiteró la necesidad de avanzar en procesos de fiscalización más rigurosos, solicitar pronunciamientos a la Compin sobre la recuperabilidad de la salud de los involucrados y garantizar entornos de trabajo estables y seguros para los equipos educativos de la zona.
