La exalcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, fue formalizada este jueves por el Ministerio Público en el marco de una investigación por la presunta apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud de 33 funcionarios municipales, hechos que habrían ocurrido entre los años 2022 y 2023 durante su gestión al frente de la Corporación Municipal de Puerto Natales (Cormunat).
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que a los trabajadores se les efectuaron descuentos legales por concepto de previsión y salud, pero dichos montos no habrían sido enterados en las instituciones correspondientes, configurándose una serie de delitos que afectan directamente los derechos previsionales de los funcionarios.
De acuerdo con la formalización, la exjefa comunal fue imputada por 19 delitos de apropiación indebida vinculados al no pago de cotizaciones previsionales, 14 delitos adicionales de apropiación indebida relacionados con incumplimientos previsionales y 21 delitos por el no pago de cotizaciones de salud, además de un delito adicional de apropiación indebida por cotizaciones de salud.
El Ministerio Público solicitó como medida cautelar el arraigo nacional para la imputada. Sin embargo, el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales rechazó la petición, estimando que no se reunían los antecedentes suficientes para imponer dicha restricción en esta etapa procesal.
En su resolución, el tribunal fijó un plazo de 45 días de investigación, período durante el cual la Fiscalía continuará desarrollando diligencias para reunir nuevos antecedentes y determinar eventuales responsabilidades penales.
La causa se originó tras una querella presentada por 33 trabajadores de la educación, entre docentes y asistentes, quienes denunciaron que durante la administración de la exalcaldesa se realizaron descuentos por concepto de AFP y salud que nunca fueron enterados en las instituciones previsionales correspondientes. La investigación había sido reactivada luego de que el Tribunal Constitucional levantara la suspensión que mantenía paralizado el proceso, permitiendo concretar la audiencia de formalización.
