En el marco del Plan de Acción Contra la Violencia Carcelaria, Gendarmería de Chile desarrolló un operativo de registro y allanamiento al interior del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, procedimiento que tuvo como objetivo reforzar la seguridad del recinto y prevenir la comisión de delitos al interior de la unidad penal.
La intervención fue encabezada por el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Cristóbal Fernández Jofré, junto al director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, quienes supervisaron el despliegue institucional realizado por personal especializado.
En el operativo participaron funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), del Equipo de Canes Adiestrados (ECA), del Área Operativa Regional y personal del propio complejo penitenciario.
Tras la diligencia, el director regional de Gendarmería destacó el profesionalismo del personal involucrado y valoró la eficiencia del procedimiento, orientado a mantener el control y la seguridad dentro del establecimiento penal.
Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos calificó el operativo como una acción desarrollada con profesionalismo y respeto por los derechos humanos, destacando la importancia de este tipo de intervenciones para fortalecer el control efectivo de los recintos penitenciarios por parte del Estado.
La autoridad agregó que estos procedimientos son fundamentales para detectar y retirar elementos prohibidos como drogas, dispositivos de comunicación y objetos cortopunzantes, contribuyendo a prevenir hechos delictivos y situaciones de violencia al interior de las cárceles.
Asimismo, recordó que la comisión de delitos dentro de los establecimientos penitenciarios puede implicar nuevas sanciones penales y la pérdida de beneficios asociados al cumplimiento de condenas.
Desde Gendarmería señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia permanente destinada a fortalecer la seguridad penitenciaria, prevenir riesgos y garantizar el adecuado funcionamiento de los recintos penales, en concordancia con el mandato institucional y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
