La implementación de la reforma previsional sigue generando consultas, expectativas y también inquietudes entre los pensionados. Si bien el Gobierno ha destacado el impacto positivo en millones de personas, aún existen casos particulares que han provocado confusión, especialmente en relación con la Pensión Garantizada Universal (PGU) y los nuevos beneficios asociados a años cotizados.
Uno de los puntos que más dudas ha generado es que, pese a su nombre, la PGU no es completamente universal. Para acceder a ella se requiere tener 65 años cumplidos y acreditar 20 años de residencia en Chile, pero además existe una focalización socioeconómica que deja fuera al 10% de mayores ingresos del país, según el Registro Social de Hogares.
A esto se suma un requisito clave: el monto de la pensión base. Actualmente, quienes reciben pensiones que no superan los $789.139 pueden acceder al beneficio completo. En cambio, quienes superan esa cifra, pero no alcanzan los $1.252.602, reciben un monto decreciente. Sobre ese último tramo, simplemente dejan de percibir la PGU.
Este mecanismo ha provocado que, en algunos casos puntuales, personas que accedieron a incrementos por reconocimiento de años cotizados hayan visto reducido o incluso eliminado el monto de la PGU, debido a que el aumento elevó su pensión total por sobre los tramos establecidos. Desde el Ejecutivo recalcan que se trata de situaciones aisladas y que la mayoría de las pensiones en Chile no alcanza esos niveles.
Durante un espacio radial, un auditor don Ernesto intervino para expresar una preocupación que comparten muchos adultos mayores. “Siempre lo que vota la mesa llena lo prefiere el que tiene la mesa vacía”, señaló, cuestionando que, pese a tener una pensión cercana a los 500 mil pesos, esta sigue siendo insuficiente frente al costo de la vida. También manifestó inquietud por no haber recibido reajustes en determinadas ocasiones debido a los tramos establecidos.
Desde el Gobierno se reconoció que, si bien la reforma representa un avance significativo, el problema de las bajas pensiones en Chile persiste. Se recordó que el país pasó de un sistema de reparto con cotizaciones que fluctuaban entre 22% y 26% a uno de capitalización individual con una tasa histórica del 10%, la cual ahora se incrementará gradualmente con 7 puntos adicionales con cargo al empleador.
Este aumento busca fortalecer las futuras pensiones, aunque sus efectos se verán principalmente en el largo plazo. “Un sistema de pensiones es complejo y requiere ajustes permanentes”, se señaló, enfatizando que el desafío es país y trasciende a los gobiernos de turno.
Otro punto relevante es la educación previsional. Se insistió en la importancia de informarse por canales oficiales como el 101 de ChileAtiende, línea gratuita disponible en horario hábil, y plataformas digitales que permiten revisar situaciones particulares. Las autoridades reconocen que no todos los adultos mayores manejan herramientas tecnológicas, por lo que se han reforzado los canales telefónicos y presenciales.
Asimismo, se recordó que factores como las lagunas previsionales, el trabajo informal y la baja densidad de cotizaciones impactan fuertemente en el monto final de las jubilaciones. Un dato ejemplificador: cerca del 40% de una pensión puede depender de los ahorros realizados entre los 18 y 35 años, etapa en que muchos trabajadores aún tienen empleos precarios o inestables.
A esto se suma el aumento en la expectativa de vida. En el caso de las mujeres, la proyección supera los 90 años, lo que implica financiar más de 30 años de jubilación, generando una presión adicional sobre el sistema.
La discusión previsional, coinciden expertos y autoridades, está lejos de cerrarse. Si bien la reforma impacta positivamente a cerca de 2,8 millones de personas, los testimonios ciudadanos reflejan que aún existe una brecha importante entre los montos recibidos y las necesidades reales de los adultos mayores.
