El director de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, Marcel Bermúdez, entregó un completo balance sobre el inicio del proceso de Permiso de Circulación 2026, la situación de renovación de licencias de conducir y el preocupante aumento de siniestros viales en la comuna.
La comuna registra actualmente más de 77.000 vehículos que pagan permiso de circulación, aunque el registro comunal histórico alcanza cerca de 200.000 vehículos, muchos de los cuales corresponden a unidades dadas de baja, en desuso o que nunca han regularizado su situación.
Durante 2025 la recaudación alcanzó los 4.500 millones de pesos, de los cuales el 37,5% queda en el municipio y el resto se destina al Fondo Común Municipal. Para 2026 se espera mantener cifras similares, aunque la baja en las tasaciones de vehículos podría impactar los ingresos.
Desde el municipio reiteraron el llamado a pagar el permiso dentro de los plazos legales, recordando que después del 31 de marzo los conductores se exponen a multas, retiro del vehículo y costos adicionales por corral municipal.
Respecto a la renovación de licencias de conducir, Bermúdez explicó que la reciente prórroga publicada en el Diario Oficial extendió la vigencia de documentos vencidos en 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, además de otorgar seis meses adicionales a quienes debían renovar durante este año.
Sin embargo, la medida ha generado efectos negativos. La inasistencia a horas agendadas aumentó progresivamente, pasando de un 2,1% a un 12% en pocas semanas. De mantenerse esa tendencia, podrían perderse entre 800 y 900 atenciones durante el año, equivalente a cerrar la Dirección de Tránsito por un mes completo en materia de renovaciones.
El director advirtió que la acumulación de trámites podría generar un colapso en el sistema a futuro, pese a que la comuna logró anticiparse al problema en años anteriores con refuerzos de personal y optimización del sistema de agenda, incluyendo la implementación de la licencia digital.
Además, desde marzo se endurecerán las sanciones para quienes no asistan a su hora y no la cancelen oportunamente, pudiendo quedar impedidos de agendar trámites por seis meses.
Uno de los puntos más críticos abordados fue el aumento de siniestros viales en la ciudad. Según datos entregados por la Dirección de Tránsito, el 95% de los siniestros se genera por mala conducta vial, descartando que la principal causa sea falta de semáforos o señalización.
Entre un 25% y 30% de los siniestros estaría vinculado a conducción en estado de ebriedad.
En cuanto a infraestructura, el municipio informó que gran parte del presupuesto destinado a señalización no corresponde a nuevas instalaciones, sino a reposición de elementos dañados en choques. Solo en el último contrato de señalización se dispuso de 90 millones de pesos, destinándose la mayor parte a reparar señales y dispositivos siniestrados.
Aunque se inician acciones judiciales cuando se logra identificar a los responsables, en muchos casos los conductores abandonan el lugar sin dejar antecedentes, lo que impide recuperar los costos.
Respecto a pasos peatonales y demarcaciones, la autoridad explicó que deben cumplir estrictos criterios técnicos y umbrales normativos para evitar generar una “falsa sensación de seguridad”.
Las demarcaciones termoplásticas utilizadas en pasos de cebra tienen una duración estimada de 6 a 8 meses en condiciones normales. Sin embargo, en Punta Arenas la duración es menor debido a temperaturas bajo los 5 grados, humedad constante, uso de neumáticos con clavos y aplicación de sal en invierno.
Además, el periodo efectivo para demarcar se reduce prácticamente entre septiembre y marzo, ya que fuera de ese rango las condiciones climáticas impiden la correcta adherencia del material.
Desde la Dirección de Tránsito enfatizaron que el principal desafío no es solo presupuestario o técnico, sino conductual. La autoridad reiteró que la seguridad vial depende en gran medida del comportamiento de conductores y peatones, insistiendo en la necesidad de mayor responsabilidad para reducir accidentes, daños a infraestructura pública y riesgos para la vida.
