En la instancia, el presidente Kusanovic relevó las carencias que presenta el Sistema de Justicia Penal en las provincias de Cabo de Hornos y Tierra del Fuego. Específicamente, la autoridad insistió en la urgencia de contar con un destacamento de Gendarmería de Chile en Puerto Williams y de un recinto para la privación de libertad de personas con la infraestructura requerida para tal efecto en esa ciudad.
En la actualidad, no existe un lugar que cumpla con los requisitos mínimos para decretar la prisión preventiva de una persona en Puerto Williams y la eventual concreción de un recinto adecuado, con la dotación mínima de funcionarios de Gendarmería, es de gran envergadura, por lo que desde la entidad penitenciaria propusieron que éste sea un proyecto sectorial que pueda, por ejemplo, ser desarrollado por el Gobierno Regional.
En este sentido, el presidente del tribunal de alzada enfatizó en que el traslado de alguien privado de libertad desde Puerto Williams a Punta Arenas es engorroso, ya que actualmente se debe realizar a bordo en una aerolínea comercial, alternativa que implica una demora significativa, de hasta 10 días, tardanza que no se condice con los estándares mínimos establecidos para el procedimiento.
En la instancia, además, se recalcó que tanto en Porvenir como en Puerto Williams es absolutamente necesario contar con destacamentos de la PDI, con los funcionarios que se requiera para que la policía pueda cumplir su labor adecuadamente en favor de la ciudadanía en ambas provincias.
Además, autoridades de la PDI presentes plantearon la necesidad de contar con un edificio nuevo para la institución en Punta Arenas, debido a que la actual infraestructura no cumple con los requerimientos funcionales estructurales para un correcto desempeño de la función policial y una adecuada atención a la ciudadanía
También en ese contexto, se resaltó la necesidad de mayores recursos para Gendarmería en Magallanes, ya que tanto en Porvenir como en Punta Arenas los centros privativos de libertad presentan ya hacinamiento. Además, el Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales carece de un cierre perimetral que refuerce la seguridad en el recinto.
Enfrentar los problemas que se generan por dichas necesidades, aseguraron las autoridades respectivas, implican esfuerzos y costos adicionales significativos para las entidades que componen el Sistema de Justicia Penal. Por ello, agregaron, que es primordial el desarrollo de proyectos para suplir las necesidades y que cada órgano pueda concretar sus labores tal como establece la normativa vigente y tratados internacionales.
La Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal la encabeza la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, y la integran el presidente Kusanovic, el fiscal regional Cristian Crisosto, la defensora regional Verónica Reyes y los directivos de Carabineros, Gendarmería de Chile, Policía de Investigaciones, jueces penales, administradores de tribunales y representantes de otras entidades.
