Punta Arenas, 28 de noviembre de 2025.—
En una ceremonia realizada en la Biblioteca Municipal de Pudahuel, autoridades del Gobierno y representantes de la sociedad civil dieron a conocer la nueva Política Nacional de Reinserción Social Juvenil, junto con su Plan de Acción 2025–2030, un instrumento que consolida la estrategia estatal para prevenir la reincidencia delictiva entre adolescentes y jóvenes.
El acto fue encabezado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, acompañado por el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, y la directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez. La presentación congregó a múltiples organismos públicos y organizaciones que trabajan en materia de derechos, protección y acompañamiento comunitario.
La nueva política constituye un punto de inflexión para el sistema de justicia juvenil del país. Su propósito central es reafirmar el compromiso del Estado con la reintegración de jóvenes infractores, entendida como un pilar esencial para fortalecer la seguridad pública. Para ello, se establece un marco estratégico que garantizará acceso a prestaciones educativas, laborales, de salud y apoyo psicosocial, promoviendo así la interrupción de trayectorias delictivas y asegurando un enfoque irrestricto de derechos humanos.
Durante el lanzamiento, el ministro Gajardo destacó que por primera vez Chile cuenta con un instrumento nacional específico en esta materia, subrayando que la reinserción juvenil es clave para construir un país más seguro a largo plazo. También resaltó que el proceso ha contado con consensos políticos amplios: “Tres gobiernos distintos coincidieron en que esta reforma era imprescindible. Esta política debe trascender los ciclos presupuestarios y mantenerse como una prioridad de Estado”.
En tanto, la directora Rocío Faúndez señaló que la política transforma la reinserción en un deber concreto y exigible, entregando un norte común y metas medibles para el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Según destacó, el plan permitirá articular la labor de diversas instituciones y fortalecer la oferta de programas territoriales y socioeducativos.
El Plan de Acción 2025–2030 incorpora 129 medidas sectoriales, diseñadas de manera interministerial con la participación de más de siete carteras y múltiples servicios públicos. Su construcción se originó en 2021 mediante un proceso consultivo desarrollado por el Consorcio CIDENI, Fundación Paz Ciudadana y el Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, instancia en la que se definieron los principios, objetivos y lineamientos que hoy sustentan la política.
A la actividad asistieron autoridades de diversas áreas —entre ellas las ministras y subsecretarías de Cultura, Interior, Prevención del Delito y Deporte— junto con representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil como Proyecto B, Juntos por la Reinserción y Reinventarse, todas comprometidas con la reintegración juvenil y la promoción de los derechos.












