A pocos días del inicio del año escolar 2026, el sistema educativo chileno comienza a enfrentar uno de los cambios más comentados en los últimos años: la aplicación de la Ley 21.801, que restringe el uso de teléfonos móviles en establecimientos de educación parvularia, básica y media.
La medida responde a una preocupación creciente respecto del impacto que tienen los dispositivos móviles en el aprendizaje y en la convivencia escolar. Diversos estudios, como los difundidos por la UNESCO, han advertido que la presencia constante de celulares en las salas de clases puede generar distracción, disminución de la concentración y dificultades en los procesos de aprendizaje. En ese contexto, la regulación aparece como un intento por recuperar espacios de atención y fortalecer las dinámicas educativas dentro del aula.
Desde una mirada personal, la decisión de limitar el uso de celulares en los colegios parece razonable si se considera que los espacios educativos requieren condiciones que favorezcan la concentración, el diálogo y la interacción directa entre estudiantes y docentes. En una etapa clave del desarrollo cognitivo y social, reducir los estímulos digitales puede contribuir a mejorar la atención y fomentar relaciones interpersonales más sanas entre los estudiantes.
Sin embargo, esta medida también abre un debate más amplio sobre el rol que debe tener la tecnología en la educación. La realidad actual demuestra que los dispositivos móviles forman parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, por lo que su exclusión total del entorno escolar podría interpretarse como una solución parcial frente a un problema más complejo. En lugar de centrarse únicamente en la prohibición, algunos plantean que el desafío debería estar en educar sobre el uso responsable y crítico de la tecnología.
Esta contraparte sostiene que los celulares, bien utilizados, pueden transformarse en herramientas pedagógicas que faciliten el acceso a información, el desarrollo de habilidades digitales y la participación en nuevas formas de aprendizaje. Bajo esta perspectiva, el problema no sería el dispositivo en sí, sino la falta de estrategias claras para integrarlo de manera adecuada al proceso educativo.
En regiones como Magallanes y de la Antártica Chilena, donde la educación enfrenta desafíos asociados a la distancia geográfica, la conectividad y el acceso a recursos educativos, la discusión adquiere aún mayor relevancia. En distintos establecimientos de la zona austral se ha destacado la importancia de fortalecer la convivencia escolar y los procesos de aprendizaje, pero también de avanzar en el desarrollo de competencias digitales que permitan a los estudiantes desenvolverse en un mundo cada vez más tecnológico.
En este escenario, la regulación del uso de celulares puede ser entendida como un primer paso para ordenar su presencia en las aulas, pero difícilmente será una solución definitiva si no va acompañada de una estrategia educativa más amplia. El verdadero desafío está en encontrar un equilibrio entre proteger los espacios de aprendizaje y preparar a los estudiantes para convivir con la tecnología de manera consciente, crítica y responsable.
En definitiva, el debate sobre los celulares en la educación no debería centrarse únicamente en permitirlos o prohibirlos. Más bien, se trata de reflexionar sobre cómo el sistema educativo puede adaptarse a los cambios culturales y tecnológicos sin perder de vista su objetivo principal: formar personas capaces de aprender, relacionarse y desenvolverse de manera equilibrada en la sociedad actual.
Que piensa Ud. , no será mejor Educar que presionar?
Análisis Yasna Jara
