Las millonarias rifas impulsadas por figuras públicas como la influencer Naya Fácil y el futbolista Arturo Vidal han vuelto a instalar el debate sobre la legalidad de estos mecanismos en Chile, en un escenario marcado por vacíos normativos, cuestionamientos técnicos y un aumento de denuncias por parte de consumidores.
En el caso más reciente, la influencer acumula al menos 15 denuncias ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), vinculadas a presuntas irregularidades en sus sorteos, incluyendo participantes que habrían pagado por números sin ser considerados en los procesos. La situación ha encendido alertas sobre la falta de regulación efectiva en rifas organizadas fuera de los marcos tradicionales.
En Chile, las rifas no son una actividad libre. La normativa vigente principalmente la Ley N° 10.262 las considera juegos de azar, por lo que están prohibidas salvo autorización expresa de la autoridad.
Según la legislación, solo pueden organizar rifas entidades sin fines de lucro, como fundaciones o instituciones de beneficencia, previa autorización del Ministerio del Interior o autoridades regionales. Además, deben cumplir requisitos estrictos como acreditar personalidad jurídica, transparentar el destino de los fondos y realizar sorteos ante notario.
El conflicto surge cuando estas dinámicas son replicadas por personas naturales con fines comerciales, especialmente a través de redes sociales. En estos casos, expertos coinciden en que no encajan dentro del marco legal vigente.
El abogado Cristián Araya Pefaur, de la Universidad del Alba, explica que “el marco normativo chileno fue diseñado para rifas de carácter benéfico y no para dinámicas comerciales masivas. Hoy existe un vacío legal evidente”.
Desde una interpretación estricta, incluso podrían considerarse ilegales. “Las demás apuestas y rifas son irregulares en el derecho chileno”, advierte el especialista.
Desde el punto de vista técnico, estas prácticas pueden vulnerar normas de protección al consumidor. La falta de regulación clara implica que muchos sorteos no cuentan con condiciones exigibles legalmente, dejando a los participantes sin herramientas efectivas en caso de incumplimientos.
El fenómeno ha crecido rápidamente gracias a la masividad de las redes sociales, permitiendo recaudar cifras millonarias en poco tiempo, sin que la legislación avance al mismo ritmo.
Actualmente existen iniciativas legislativas en discusión para regular este tipo de prácticas, incluyendo sorteos de alto valor como propiedades, incorporando exigencias de transparencia, actos públicos y control notarial.
Mientras tanto, el escenario sigue marcado por la incertidumbre: consumidores expuestos, organizadores operando en una zona gris y autoridades con facultades limitadas de fiscalización.
En este contexto, los casos protagonizados por figuras públicas no solo evidencian un fenómeno en expansión, sino también la necesidad urgente de actualizar el marco legal para evitar abusos y otorgar mayor certeza tanto a organizadores como a participantes.
