Un importante avance judicial se concretó en el Primer Juzgado Civil de Punta Arenas, luego que el Servicio de Salud Magallanes y la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUNAT) alcanzaran un avenimiento que pone término al litigio por una millonaria deuda.
El acuerdo, presentado en la causa “Servicio de Salud con CORMUNAT” (RIT C-123-2026), establece que la entidad demandada reconoce una deuda total de $627.397.622, correspondiente a transferencias realizadas y no ejecutadas entre los años 2015, 2016, 2017, 2021 y 2024.
Según el documento, ambas partes decidieron poner fin al conflicto mediante una transacción judicial, solicitando al tribunal que le otorgue carácter de sentencia firme y ejecutoriada.
En cuanto a la forma de pago, se acordó un plan en cuotas, considerando la imposibilidad de CORMUNAT de cancelar el monto total al contado. El compromiso contempla el pago de 12 cuotas mensuales de $2 millones, seguido de 200 cuotas mensuales de $3 millones, además de una cuota final de $3.397.622. Los pagos comenzarán en abril de 2026 y deberán realizarse dentro de los últimos cinco días de cada mes.
Asimismo, se estableció que las cuotas serán reajustadas anualmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un tope máximo de 4% por periodo.
El acuerdo también contempla sanciones en caso de incumplimiento. Si se deja de pagar más de una cuota, el Servicio de Salud podrá exigir el pago total de la deuda pendiente de forma inmediata, incluyendo reajustes, intereses y costas, ya que el documento constituye un título ejecutivo válido.
Los pagos deberán efectuarse directamente a la Tesorería General de la República, informando cada transacción al Servicio de Salud Magallanes. No obstante, CORMUNAT podrá saldar anticipadamente la totalidad de la deuda si dispone de los recursos.
Finalmente, ambas partes acordaron asumir sus propias costas judiciales, quedando el avenimiento sujeto a la aprobación del tribunal para su plena vigencia.
Con este acuerdo, se busca cerrar un conflicto prolongado y asegurar la restitución de recursos públicos, bajo un mecanismo de pago gradual y regulado.
