El diputado Alejandro Riquelme anunció que sostendrá una reunión con la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) el próximo lunes 6 de abril, con el objetivo de abordar el eventual ingreso de buques extranjeros que estarían realizando actividades de cabotaje turístico en los fiordos de la Región de Magallanes.
La preocupación surge tras diversos antecedentes recopilados en la zona, los que indican que embarcaciones de bandera extranjera estarían operando o planificando operaciones turísticas en sectores de alto valor natural y estratégico, como áreas cercanas a Puerto Natales, el fiordo Almirantazgo y los canales del Beagle.
Según explicó el parlamentario, estas actividades podrían contravenir la normativa vigente sobre cabotaje marítimo, especialmente tras las recientes modificaciones legales que regulan la navegación turística en los fiordos del sur del país.
Dicha normativa establece restricciones para buques extranjeros con capacidad inferior a 400 pasajeros y habilitados para pernoctación, los cuales no pueden realizar este tipo de actividades en los fiordos desde la Región de Los Lagos hacia el sur, reservando estos circuitos para embarcaciones de bandera nacional y operadores turísticos locales.
“El objetivo de esta normativa es proteger el turismo marítimo regional y evitar una competencia desleal con empresas nacionales que cumplen con todas las exigencias legales, laborales y tributarias”, sostuvo Riquelme.
El legislador advirtió además que existirían empresas extranjeras que ya están comercializando itinerarios turísticos para la temporada 2026–2027, incluyendo rutas por aguas interiores de la Patagonia chilena, lo que de confirmarse podría constituir una infracción directa a la legislación vigente.
“Lo preocupante es que estos programas ya se están vendiendo a nivel internacional, por lo que es urgente que las autoridades definan cómo se fiscalizará esta situación”, enfatizó.
En este contexto, el diputado anunció que, tras la reunión con DIRECTEMAR, ingresará una solicitud formal ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto a la correcta aplicación de la normativa y los alcances jurídicos del cabotaje en estos casos.
Asimismo, se pedirá que se determinen eventuales irregularidades detectadas en estas operaciones, entre ellas una posible evasión de IVA en servicios turísticos, el uso de guías extranjeros en territorio nacional, la realización de actividades de turismo aventura sin certificación del SERNATUR, y operaciones aéreas con helicópteros en parques nacionales sin autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Finalmente, Riquelme subrayó que estas gestiones buscan otorgar certeza jurídica al sector turístico y resguardar el desarrollo de la industria regional.
“Es fundamental que la ley se cumpla y que exista claridad tanto para operadores nacionales como internacionales, evitando así situaciones de competencia desleal en los fiordos de la Patagonia chilena”, concluyó.
