Tras más de dos años de tramitación, fue aprobada una nueva normativa que busca robustecer el funcionamiento del Ministerio Público, permitiendo aumentar su dotación en 819 nuevos funcionarios, entre ellos 205 fiscales, en un proceso de implementación gradual que se extenderá por cuatro años.
El objetivo principal de esta ley es enfrentar el déficit estructural de recursos humanos y mejorar la respuesta del sistema penal ante fenómenos delictivos cada vez más complejos, especialmente en áreas como el crimen organizado.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, valoró la aprobación de la iniciativa, destacando su impacto en la persecución penal y en la atención a las víctimas.
“Esta es una ley largamente esperada por la institución y por el país. Nos permitirá fortalecer la persecución penal, enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, junto con mejorar la atención y la protección de víctimas y testigos, que es una de nuestras principales preocupaciones. Es un paso concreto para que la justicia llegue de manera más oportuna y efectiva a la ciudadanía”, afirmó.
Entre los principales alcances de la normativa se encuentra el refuerzo de la persecución penal, mediante el fortalecimiento de áreas críticas como flagrancia, crimen organizado y gestión operativa.
Asimismo, la ley contempla una mejora sustantiva en la protección y atención de víctimas y testigos, uno de los ejes prioritarios del sistema de justicia.
Otro de los puntos relevantes es la creación de una nueva institucionalidad orientada a fortalecer la gestión interna y aumentar la confianza pública en el Ministerio Público, junto con la modernización de sus procesos administrativos.
Con esta iniciativa, se espera avanzar hacia un sistema penal más eficiente, con mayor capacidad de respuesta y enfocado en las necesidades de la ciudadanía frente a la creciente complejidad del delito.
